Redacción Noticias MX.- El 12 de septiembre de 2012 Ramón Pequeño García, entonces jefe de la División Antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se colocó frente a decenas de reporteros y camarógrafos que esperaban en el hangar de la Policía Federal. Entre helicópteros y camiones blindados, el funcionario leyó durante casi 10 minutos y en orden cronológico cada detalle de la carrera delictiva de Ramiro Pozos González, El Molca, uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de México.
Pequeño García aseguró que Pozos, entonces de 42 años, era el fundador y líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y secuestros conocida como La Resistencia, un ala del desaparecido Cártel del Milenio, que controló el tráfico de drogas desde Jalisco en los noventa.
Ante las cámaras, el hombre robusto y con nariz deformada levantó la cabeza sin que nadie se lo ordenara y fue ahí cuando los medios empezaron a fotografiarlo. Pozos sonrió sutilmente, después lanzó unas palabras a sus captores –que resultaron inentendibles para las cámaras– y finalmente mostró los dientes. Después se acomodó las esposas y levantó los pulgares como si hiciera una señal de saludo. Luego, los policías lo introdujeron nuevamente al vehículo blindado.
Pequeño García aseguró que el detenido ya contaba con dos órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada. Pero poco se supo del curso que siguió el proceso penal: desde aquel día las autoridades no volvieron a informar nada sobre el presunto narcotraficante.
Ahora, por medio de solicitudes de acceso a la información realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a la Procuraduría General de la República (PGR) –ahora Fiscalía–, a la propia Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación (PJF), se sabe que Pozos no fue castigado por el delito de delincuencia organizada.
El gobierno sólo logró comprobarle un delito, que concluyó en una sentencia por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por el fusil con incrustaciones de oro que llevaba el día de su detención, de acuerdo con el expediente 65/ 2012 al que se tuvo acceso.
No sólo eso. Los policías federales mintieron sobre cómo lo capturaron: según ellos lo hicieron en el portón de su domicilio. Sin embargo, el mismo Pozos y sus familiares narraron que los federales entraron hasta su recámara, sin una orden de cateo, mientras dormía en compañía de su esposa y sus hijos. Además, según su declaración, le robaron un reloj Rolex y dinero en efectivo.
Aunque Pozos fue señalado como uno de los narcotraficantes más buscados, cuando el caso llegó ante el juez éste sólo pudo imponerle una pena de cuatro años y 10 meses de prisión, ante las pruebas presentadas por la PGR.
El caso de Ramiro Pozos no fue aislado. Una investigación de MCCI revela que en 12 años de guerra contra el narcotráfico en México, las autoridades detuvieron y exhibieron a 233 personas señaladas como los más buscados del país, ya sea porque fueron anunciados en acuerdos de recompensa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en informes de gobierno o catalogado como “objetivos prioritarios” por ser miembros de la delincuencia organizada, específicamente de cárteles del narcotráfico.
De este total sólo lograron 13 sentencias irrevocables ante el Poder Judicial. Diez de ellas fueron por delitos menores de portación de armas con penas de uno a cinco años –como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico–, una por lavado de dinero –la de Vicente Carrillo Leyva– y sólo dos por delincuencia organizada.
Los 233
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico, y durante la administración de Enrique Peña Nieto, que continuó la militarización en el país, las autoridades bombardearon mediáticamente con detenciones de personas consideradas clave dentro de alguna organización delictiva.
Diariamente se anunciaba la detención de “capos” que eran “líderes” de cárteles, “el número dos de Los Zetas”, “el reclutador de sicarios”, “el coordinador del lavado de activos” o “la publirrelacionista del Cártel de Sinaloa”. Durante 12 años el discurso oficial fue similar.
Información obtenida por MCCI tras realizar 500 solicitudes de información durante dos años, revela que hasta diciembre de 2018, 233 personas fueron anunciadas como las más buscadas o como objetivos prioritarios por presuntamente pertenecer a cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con Apro, aunque se solicitó a este gobierno conocer quiénes eran las personas más buscadas o quiénes eran los objetivos prioritarios en esta administración, la fiscalía señaló en respuesta a una solicitud de información que esta administración no tenía objetivos prioritarios como la anterior, ya que en el actual gobierno “toda persona presuntamente relacionada con delincuencia organizada será investigada conforme a derecho, como cualquier otra, sin necesidad de que exista un término como objetivos prioritarios”.
También respondió, mediante dos solicitudes de acceso a la información, que no se han publicado acuerdos de recompensa que den con la captura de presuntos narcotraficantes desde el 1 de diciembre, cuando asumió el cargo Andrés Manuel López Obrador: “Derivado de una búsqueda en el DOF, portal de recompensas de esta fiscalía y en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, no se localizaron registros de acuerdos de ofrecimientos de recompensas u homólogos o coincidentes”.
MCCI elaboró una base de datos propia con el nombre de las personas más buscadas y detenidos en el marco del combate a la delincuencia organizada de 2012 a 2018, con información que obtuvo de los acuerdos de recompensa publicados en el DOF (65 personas), la lista de objetivos prioritarios de la pasada administración (109) y los informes de gobierno (59 personas).
Entre los detenidos más buscados figuran personajes como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, de Los Zetas; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos de El Señor de los Cielos, quien fuera líder del Cártel de Juárez; Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios; y Alfredo Beltrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos.
Una vez que se elaboró la base de datos con la información recopilada de las fuentes oficiales, se pidió el estatus legal de cada uno de ellos. La PGR se negó a proporcionar la información pues, argumentó, darla a conocer afectaría la intimidad, honor y buen nombre de los imputados. Ante la respuesta, se interpusieron diversos recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Tras varios meses de litigio el INAI resolvió que existía un interés público por conocer el estatus legal de esas personas, porque eso permitiría transparentar la estrategia nacional de política criminal en materia de combate a la delincuencia organizada y ordenó brindar solamente las sentencias condenatorias irrevocables, es decir, las que hubiesen agotado todo medio de impugnación y se encontraran firmes.
Posteriormente, mediante solicitudes de información al PJF, se obtuvieron las versiones públicas de las sentencias de los 13 presuntos narcotraficantes, donde queda en evidencia que la PGR buscó fincarles delitos de delincuencia organizada, pero las pruebas resultaron insuficientes y sólo en dos casos se logró demostrar el ilícito.
Los sentenciados fueron: Arturo Vázquez Terrazas, del Cártel de Juárez; Eleazar Medina, de Los Zetas; Francisco Senteno, de Sinaloa; Guillermo Castillo, de Juárez; Melvin Gutiérrez, del Cártel de los Arellano Félix; Omar Javier Llamas, de Juárez; Ramiro Pozos, del Cártel del Milenio; Raymundo Almanza, de Los Zetas; Rigoberto Andrade Rentería, de la Familia Michoacana; Rogaciano Álvarez, de Sinaloa; Sandra Ávila Beltrán, de Sinaloa; Socorro Chávez, de Juárez, y Vicente Carrillo, del Cártel de Juárez.
De esta lista, los dos casos donde la PGR logró demostrar el delito de delincuencia organizada fueron los de Melvin Gutiérrez y Rigoberto Andrade Rentería.
Tras realizar un seguimiento de los amparos y una revisión hemerográfica, también se encontró que de las 233 personas, 15 fueron asesinadas en enfrentamientos con policías y militares, cuatro murieron en prisión –como Jaime Cabello Figueroa, quien falleció en 2016 en un motín en el penal de Topo Chico, donde esperaba su sentencia–, en 16 casos se concedió la extradición a Estados Unidos –como Joaquín El Chapo Guzmán y Vicente Zambada Niebla–, tres se fugaron de la cárcel y cinco no han sido capturados.
De los casos restantes aún no existe una sentencia condenatoria irrevocable y siguen recurriendo a amparos; tal es el caso de Inés Coronel Barrera, suegro del Chapo Guzmán, que ganó un amparo para que se repusiera el proceso por la tortura de la que dijo fue víctima al ser detenido.
También Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez, ganó un amparo porque las autoridades omitieron decirle quiénes testificaron en su contra, mientras que Miguel Ángel Treviño Morales (Los Zetas) logró que la PGR subsanara las deficiencias en una de las acusaciones por delincuencia organizada, tras un amparo que se resolvió a su favor. En al menos 11 casos los acusados fueron liberados o absueltos.
Las irregularidades
MCCI obtuvo los 13 expedientes de los presuntos narcotraficantes con una sentencia condenatoria irrevocable. Mediante el análisis de declaraciones ministeriales, resoluciones de amparos, apelaciones, testimonios de testigos protegidos, dictámenes periciales, partes informativos, oficios de detención, estudios de personalidad, informes de antecedentes penales y estudios de grafología, se encontraron las diversas irregularidades en las que han incurrido los agentes del Ministerio Público y las deficiencias en la integración de las investigaciones.
Algunos fueron detenidos tras denuncias ciudadanas o llamadas anónimas y no por órdenes de aprehensión, como informó la PGR en su momento, y no fue sino hasta que estuvieron en manos de las autoridades que se giraron las órdenes de captura correspondientes.
También hubo detenciones que se dieron en flagrancia, donde los policías “vieron” que el presunto delincuente portaba un arma o cuando los agentes hicieron alguna revisión de rutina en los coches de algunos de ellos y detectaron droga o armamento.
De acuerdo con los 13 expedientes judiciales analizados, se encontró que en cuatro casos los presuntos narcotraficantes fueron detenidos en flagrancia. Tal es el caso de Arturo Vázquez Terrazas, quien según las autoridades tenía un liderazgo similar al de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, en el Cártel de Juárez y había sido detenido como parte de “la estrategia de seguridad”, según declaró el propio Renato Sales, excomisionado nacional de seguridad.
Sin embargo, en el expediente judicial al que tuvo acceso MCCI se menciona que Vázquez Terrazas fue detenido en una agencia automotriz y al hacerle una revisión de rutina le encontraron en el bolsillo derecho una granada de fragmentación. El hombre fue juzgado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y obtuvo una pena de cuatro años.
Otro caso es el del presunto narcotraficante Luis Guillermo Castillo Rubio, quien según la PGR era el reclutador de sicarios de la familia Carrillo Leyva, del Cártel de Juárez, y también estuvo involucrado en el asesinato de dos estudiantes en Monterrey. La PGR informó que fue detenido en un “operativo de precisión policial”; sin embargo, el expediente al que se obtuvo acceso revela que lo detuvieron porque los agentes vieron a un hombre haciendo sus “necesidades fisiológicas” y lograron ver una pistola que salía de su pantalón. Obtuvo una pena de cinco años por portación de arma de fuego.
En cinco casos los testigos que presentó la PGR durante el juicio se contradijeron en sus declaraciones. Un ejemplo es el caso de Vicente Carrillo Leyva, hijo del Señor de los Cielos, quien comprobó que no lo conocían dos testigos protegidos que declararon en su contra.
Otro ejemplo es el de Arturo Vázquez, donde se utilizaron testigos protegidos a los que el juez no les dio valor probatorio, pues omitieron precisar cómo y en qué forma podían asegurar que pertenecía a un cártel.
Otra irregularidad que se detectó en otros tres casos fue que las autoridades policiales mintieron sobre el lugar donde fueron detenidos, como en el caso de Omar Javier Llamas, quien según los policías fue capturado en la vía pública. Sin embargo, durante el juicio su esposa contradijo esa versión y confirmó que había sido detenido en su domicilio.
En otros casos se comprobó mediante dictámenes de grafología que las firmas de los detenidos en sus declaraciones ministeriales fueron obtenidas por presión y coacción física, tal fue el caso de Rogaciano Álvarez.
Para la elaboración de este reportaje se buscó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Gloria Escobar, quien forma parte del equipo del expresidente Calderón, dijo que “prácticamente por tiempo está imposible… lo dudo muchísimo”.
Con Peña Nieto o su equipo fue imposible lograr el contacto.
