Un documento interno del gobierno de Sonora, difundido este lunes por la periodista Dolia Estévez, detalla que la administración de Alfonso Durazo destinó más de 270 millones de pesos durante 2025 a 209 medios de comunicación sonorenses y nacionales.
De acuerdo con la información difundida, la mayoría de los contratos se asignó de manera directa y los montos variaban según la lealtad o afinidad de cada medio con el gobierno.
El listado contempla 98 millones de pesos para 175 páginas web, 92 millones para 30 emisoras de radio y 84 millones para 17 medios nacionales. En este último grupo, Televisa aparece como el principal beneficiario, con 20 millones de pesos.
Entre las páginas web, el mayor monto correspondió a Sistema Estatal de Información Web S.A. de C.V., empresa vinculada a Proyecto Puente, con 9 millones de pesos. Le siguió Agitprop Iglesias & Armendariz S. de R.L. de C.V., proyecto mediático del político español Pablo Iglesias, conocido como Canal Red, con 4.5 millones de pesos.
La información señala que Agitprop sería el único medio extranjero incluido en la relación y uno de los casos más polémicos debido al perfil político de su fundador.
El documento incluye comentarios internos sobre los medios, entre ellos: “colaborativo y afín al gobierno”, “sí jala”, “ayuda a golpear, incomoda a los del frente”, “pasa información (subir)”, “colaborativo, aumento el doble”, “no ayuda mucho, bajar” y “analizar sacarlo, no colaborativo”.
Según la información difundida por Estévez, esas anotaciones relacionan el volumen y la continuidad de los pagos con la utilidad o disposición de cada medio frente a la narrativa oficial.
Estévez también señaló que los gobernadores de Morena Salomón Jara, de Oaxaca; Rocío Nahle, de Veracruz, y Alfredo Ramírez, de Michoacán, habrían otorgado contratos a Iglesias, aunque no se precisaron los montos.
La difusión del documento ocurre durante el debate nacional sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La legislación abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y contempla expresamente la protección de los derechos de las audiencias.
A finales de julio de este año, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, derivados de esa ley.
El gobierno federal sostiene que la medida busca garantizar el derecho a la información, obligar a los medios a distinguir entre noticia y opinión y evitar la difusión de información falsa o descontextualizada. Sheinbaum ha reiterado que “no hay censura ni va a haber censura” y que las sanciones previstas son administrativas, como en el caso de no nombrar a un defensor de las audiencias, no por el contenido publicado.
Medios, organizaciones y voces de la oposición han advertido que los lineamientos podrían convertirse en un mecanismo de presión o control contra quienes critican al poder. En ese contexto, el caso de Sonora se presenta mientras a nivel federal se discute la regulación de los medios y en los estados continúan los contratos públicos con aquellos que, según las anotaciones del documento, “sí jalan” y respaldan al gobierno.
