Por: José Alberto Sánchez Nava
“En el ocaso de la justicia, cada propiedad se alza como un grito de dignidad; el olvido del Estado es la semilla de nuestra tragedia.”
I. – Introducción
La historia de Doña Carlota trasciende la tragedia de un acto violento para convertirse en el reflejo de un México desgarrado por reformas legislativas y políticas que erosionan, poco a poco, el derecho sagrado a la propiedad privada. En un país donde la justicia se torna inalcanzable para muchos, la desesperación se vuelve combustible para acciones extremas. La decisión de Doña Carlota de hacerse justicia por su propia mano, al eliminar a dos hombres que pretendían despojarla de lo que legítimamente le pertenecía, es tanto un grito de auxilio como una denuncia de un sistema que falla en proteger a sus ciudadanos.
II.- Antecedentes: Un Laberinto Jurídico y Político
El 2 de septiembre de 2024 marcó un antes y un después en la política inmobiliaria de la Ciudad de México. La publicación en la Gaceta Oficial de una reforma al inciso A, numeral 2 del artículo 3 de la Constitución Política de la CDMX instauró un nuevo paradigma: el reconocimiento de la propiedad de la Ciudad sobre bienes del dominio público, uso común y privado, así como sobre la propiedad ejidal y comunal. Si bien esta medida buscaba alinear la constitución local con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Federal —que reserva a la Nación la propiedad originaria—, generó dudas y temores acerca de la posible vulneración de los derechos de propiedad privada.
Simultáneamente, el artículo 832 del Código Civil de la CDMX, que declara de “utilidad pública” la adquisición de terrenos para fines de vivienda social o alquileres módicos, se ha erigido como una herramienta ambigua que abre la puerta a interpretaciones expansivas. Este entramado legislativo, en el contexto de la 4T, crea un peligroso caldo de cultivo en el que el interés colectivo podría, en un futuro no muy lejano, justificarse a costa de despojar a los ciudadanos de su patrimonio.
III.- El Artículo 132 del Código Fiscal: Una Arma de Doble Filo
La reciente reforma al artículo 132 del Código Fiscal para el año 2025 añade una capa adicional de incertidumbre al ya complejo panorama jurídico de la capital. Bajo el pretexto de promover la transparencia y una planificación urbana eficiente, la medida exige a los propietarios de inmuebles con un valor catastral superior a 4.5 millones de pesos que presenten una “declaración informativa” sobre el “estado” de sus bienes. Sin embargo, la falta de definición precisa sobre qué comprende dicho “estado” deja a los propietarios a merced de interpretaciones arbitrarias que incidan en la forma de disponer de los inmuebles, es decir, si están rentados prestados o si están desocupados cuya información en las manos equivocadas incitaría al despojo masivo de bienes.
La ambigüedad de este mandato ha generado alertas en distintos sectores políticos y económicos. Diputados de la oposición, como Diego Garrido del PAN, han cuestionado la inclusión de datos sensibles que podrían revelar detalles sobre la ocupación, uso y características de las propiedades, abriendo la posibilidad de que esta información sea utilizada para futuras expropiaciones bajo el disfraz del “combate a la pobreza”. Así, la reforma no solo impacta en la esfera fiscal, sino que también se revela como una posible herramienta de control social y político, que podría transformar la propiedad privada en un mero instrumento del interés estatal.
IV. La Trágica Respuesta de Doña Carlota y la Crisis de Justicia
En este contexto de incertidumbre legal y política, la historia de Doña Carlota adquiere una resonancia no solo con memes y sorna, sino bajo una perspectiva aún más profunda. Su acción para nada justificable, pero aparentemente desesperada, es el eco de una sociedad que ve cómo sus derechos fundamentales son pisoteados por un sistema que, lejos de proteger, oprime. La violencia que culminó en el asesinato de dos hombres que pretendían despojarla de su propiedad es un símbolo doloroso de una justicia inaccesible y de un poder judicial que se ha visto ensombrecido por procesos electorales ridículos, donde la elección de ministros, magistrados y juzgadores se ha politizado hasta el extremo.
La incapacidad del Estado para ofrecer una justicia pronta y expedita ha dejado a ciudadanos como Doña Carlota en una posición de total vulnerabilidad, obligándolos a recurrir a medidas extremas para salvaguardar lo único que han logrado conservar a lo largo de sus vidas. Este acto, más que un simple hecho delictivo, debe ser interpretado como una consecuencia directa de políticas legislativas y judiciales que, en aras de una supuesta equidad social, han comprometido irremediablemente la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad.
V.- Reflexiones Finales: ¿Hacia Dónde Vamos?
El caso de Doña Carlota es un reflejo escalofriante de los riesgos que implica un Estado que, en nombre del “bien común”, vulnera los derechos individuales. Las reformas implementadas en la Ciudad de México, desde la constitucional hasta la fiscal, no pueden entenderse como meros ajustes técnicos, sino como parte de un proyecto político transformista que amenaza con desmantelar la estructura del Estado de Derecho en México.
En la inminente elección de jueces y magistrados, en un escenario donde la politización parece ser la norma, se vislumbra un futuro donde la justicia se convierta en un instrumento de poder, en lugar de ser la garantía de libertad y seguridad para todos. La desprotección a la que se ven sometidos los propietarios no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un sistema que ha olvidado que la verdadera fortaleza de una nación reside en el equilibrio entre el poder estatal y el respeto irrestricto a los derechos ciudadanos.
Doña Carlota, con su dolor y desesperación, nos insta a reflexionar sobre la urgente necesidad de restaurar la fe en la justicia, de rescatar el derecho a la propiedad y, sobre todo, de construir un Estado que no se deje seducir por propuestas que, bajo la apariencia de modernidad y transparencia, envenenan el alma misma de nuestra democracia.
En este momento crítico, la sociedad mexicana se enfrenta a una encrucijada: continuar por el camino de reformas que, sin la debida protección de los derechos individuales, pueden transformar la convivencia en un campo minado, o replantear urgentemente un modelo de gobernanza que coloque a la justicia y la equidad en el centro de la acción estatal. La respuesta de Doña Carlota, aunque trágica, es un llamado de atención para todos aquellos que creen en un México donde la ley sea la garantía inquebrantable de la libertad y la seguridad de cada uno de sus ciudadanos.
