Por: José Alberto Sánchez Nava
“Donde la justicia se amolda y el medicamento escasea, se desfigura el Estado y mueren las esperanzas.”
- Justicia en jaque, salud en terapia intensiva
México está a las puertas de un experimento sin precedentes: una elección masiva de jueces, magistrados y ministros —impulsada por la llamada Cuarta Transformación— mientras el sistema público de salud colapsa silenciosamente, dejando a miles sin acceso a medicamentos ni atención médica. En medio de este doble asalto al Estado de derecho y al derecho humano a la salud, emerge un nuevo actor: el Tribunal de Disciplina Judicial.
Este órgano, anunciado con el pretexto de vigilar y sancionar a jueces que retrasen sentencias, es en realidad una amenaza velada: servirá como garrote institucional para intimidar y castigar a juzgadores que se atrevan a suspender actos del Ejecutivo, particularmente en casos donde se ordene garantizar el suministro de medicamentos o atención médica. Si un juez concede una suspensión que implique una sanción al Ejecutivo por omitir su deber constitucional en materia de salud, se le podrá acusar de “activismo judicial” y someterlo a un procedimiento disciplinario.
- Derecho a la salud: obligación reforzada, justicia acorralada
En contraste con esta regresión institucional, la jurisprudencia 1a./J. 151/2023 de la SCJN reconoció un deber reforzado del Estado: cuando un paciente con enfermedad crónica requiere suministro periódico de medicamentos, el Estado no puede alegar incapacidad logística ni presupuestal. El incumplimiento de esa obligación vulnera directamente el derecho a la salud consagrado en los artículos 1° y 4° constitucionales, y obliga a reembolsar los gastos que el paciente realice por cuenta propia.
Este criterio no está aislado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Gonzales Lluy vs. Ecuador (2015) o Cuscul Pivaral vs. Guatemala (2018), ha sostenido que los Estados tienen obligaciones positivas de carácter inmediato y progresivo en materia de salud. Cuando el Estado omite garantizar el acceso a servicios o medicamentos esenciales, incurre en violaciones graves de derechos humanos.
Entonces, ¿qué ocurrirá con los jueces que ordenen al Ejecutivo surtir medicamentos o que impongan medidas de apremio por desacato? En el México post-reforma, serán considerados “enemigos de la transformación” y podrán ser exhibidos, disciplinados o incluso removidos por un órgano inquisitorial cuyo criterio será político, no jurídico.
- El nuevo Tribunal de Disciplina: juez de los jueces, ejecutor del Ejecutivo
El Tribunal de Disciplina Judicial, lejos de ser una instancia técnica, se perfila como un aparato de control vertical para alinear al Poder Judicial con los intereses del Ejecutivo. No se trata de sancionar negligencia real, sino de sofocar cualquier acto jurisdiccional que obstaculice las decisiones —u omisiones— del gobierno federal.
Así, cualquier juez que ordene al IMSS o al INSABI (ahora IMSS Bienestar) garantizar tratamientos a niños con cáncer, adultos con VIH o pacientes con enfermedades raras, podrá ser acusado de “extralimitarse”, simplemente por cumplir con la Constitución y con tratados internacionales. Las suspensiones judiciales podrían ser calificadas como “ataques a la 4T”, y los jueces convertidos en objetivos políticos.
- Salud en crisis: millones sin medicamentos, sin justicia y sin voz
Mientras tanto, la realidad no se detiene. En 2024, el IMSS dejó sin surtir más de 11.5 millones de recetas. La llamada “Megafarmacia del Bienestar” sigue siendo un elefante blanco con anaqueles llenos de desvíos de recursos presupuestados y rutas logísticas vacías. Los recortes proyectados en el Paquete Económico 2025 anticipan una crisis aún más profunda en infraestructura, personal médico y atención especializada.
El Coneval ha alertado que la población sin seguridad social —más del 50% del país— enfrenta las peores condiciones de acceso. Familias enteras deben elegir entre endeudarse o dejar morir a sus enfermos. Ante esta emergencia, los jueces federales eran la última esperanza. Pero con un Tribunal de Disciplina vigilando sus sentencias, esa esperanza también empieza a desvanecerse.
- Conclusión: castigar la justicia, criminalizar la empatía
Lo que está en juego no es solo el futuro del Poder Judicial, sino el derecho de los más vulnerables a una justicia valiente que no tiemble ante la presión del poder. Si los jueces tienen miedo de suspender actos del Ejecutivo por temor a represalias disciplinarias, la justicia será rehén de la política.
En un país donde falta medicina y sobra propaganda, el ciudadano común debe alzar la voz. No basta con exigir medicamentos: debemos defender a los jueces que, aún con todo en contra, se atreven a poner por encima del poder a la vida humana. Porque si permitimos que el Ejecutivo controle a los jueces, pronto ya no habrá quién detenga al Ejecutivo.
Y entonces, sí: morirán los enfermos… y también la República.
