Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
A contracorriente de aquel discurso inicial de “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en Veracruz”, algo que ha caracterizado –para mal- al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez han sido el acoso dentro de su propia administración contra las empleadas gubernamentales.
Áreas como la Secretaría de Gobierno se han “destacado” como una verdadera cueva de acosadores, que aprovechando su posición de poder –poca o mucha, ni siquiera hace falta que tengan altos cargos- se han dedicado a hostigar a las mujeres que prestan ahí sus servicios, pidiéndoles favores sexuales so pena de quitarles su empleo.
El primer caso conocido de este tipo se dio, sin embargo, en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), apenas iniciado el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez. En mayo de 2019, una empleada adscrita a la Dirección Jurídica denunció por acoso y violencia sexual y laboral a Rafael Ceballos Ruiz, quien en ese momento se desempeñaba como secretario particular de la titular de la dependencia, María del Rocío Pérez Pérez, y presumía cercanía con el gobernador por haberlo acompañado en campaña.
Abusando de su posición jerárquica, este sujeto comenzó a perseguir a la empleada, a quien hostigaba con invitaciones a desayunar, comer o cenar con llamadas telefónicas a altas horas de la noche, e incluso con el envío de material pornográfico; ante la negativa de ella, comenzaron las amenazas de despido.
“Siempre bajo el argumento que era un gran amigo del C. Gobernador Constitucional”, señaló la agraviada.
A raíz de la denuncia que presentó la afectada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, se inició un largo andar para ella, pues Rafael Ceballos Ruiz era protegido desde dentro del gobierno. El 7 de noviembre de ese mismo año, el Órgano de Control de la Sedema determinó “la presunta existencia de falta administrativa no grave atribuible al servidor público” y procedió a “elaborar el informe” a efecto de “ser presentado ante la autoridad substanciadora”.
La soez impunidad prodigada al agresor llevó a que el caso se ventilara en medios y se armara un escándalo que hizo insostenible en el cargo a Rafael Ceballos Ruiz, quien además fue vinculado a proceso dos veces, bajo el proceso penal 398/2019: la primera el 27 de noviembre de 2019, y la segunda en la reposición del procedimiento el 25 de octubre de 2021, por abuso de funciones, imponiéndole el juez de control las medidas cautelares de presentación periódica ante el juez o ante autoridad que aquél designe; la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos; y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Parecía que se había hecho justicia.
Pero no.
El pasado 30 de junio de 2022, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz revocó la resolución y las medidas cautelares establecidas por el juez de control, bajo el pueril argumento de que son “muy lesivas para el imputado” pues “restringe temporalmente el ejercicio de su actividad profesional”.
Sin embargo, lo que está de por medio es otra de las principales taras que caracterizan al actual régimen en Veracruz: el tráfico de influencias, el influyentismo y los lazos familiares para el abuso del poder.
En el recurso de amparo presentado por la víctima ante el Juzgado de Distrito Especializado en Materia Mixta del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, señala que Rafael Ceballos Ruiz cursó la escuela preparatoria con la hoy secretaria del Trabajo estatal Dorheny García Cayetano, “misma que tenía una relación de amistad con el ahora acusado y los testigos de éste dentro del proceso penal referido”. Como prueba, presenta fotografías en las que aparecen ambos en su época de estudiantes.
Pero no solo eso. La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia es presidida por la magistrada Ailett García Cayetano, que no es otra que la hermana de Dorheny García Cayetano y quien también conoce personalmente al agresor, de tiempo atrás.
La víctima subraya que Ailett García Cayetano debía excusarse de conocer el presente asunto, y sostiene que “es evidente que no solo existe la suposición de la existencia de un favoritismo”, sino que la resolución “carece de imparcialidad”.
La única “tolerancia cero” que hay en Veracruz es a la aplicación justa y correcta de la ley. Porque a los acosadores se les protege con todo el poder del Estado.
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