Para Contar
Arturo Zárate Vite
En la etapa de Luis Carlos Ugalde como presidente del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) se hizo todo lo posible para esconder la información sobre los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos políticos. El IFE siempre negó que tuviera esa información.
Hubo necesidad de recurrir a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que presidía Leonel Castillo. Por unanimidad, después de casi dos años de estar litigando, el tribunal electoral ordenó al IFE responder a la solicitud de transparencia.
Se comprobó que la información existía en los archivos del instituto y no podía ocultarse porque era obvio que el dinero para pagarle a los líderes partidistas salía del erario.
Además, se dejó en claro que los partidos son “entes públicos” y como tales están obligados a transparentarse, sobre todo por lo que se refiere a los recursos que utilizan para el financiamiento.
El IFE de Ugalde, que encabezó la organización de una de las elecciones más controvertidas del país, por la falta de equidad y la intromisión del gobierno en turno para favorecer a su candidato al que no le importó ganar de esa manera, “haiga sido como haiga sido”, a regañadientes dio la información.
El mismo Ugalde que ahora se cree sabiondo y con autoridad para calificar o descalificar lo que se hace en materia electoral, presidió ese instituto que pecó de opacidad.
Quizás por eso ahora le resultaría complicado reconocer las ventajas que tiene la propuesta para reformar la Ley General de Partidos Políticos, para transparentarlos de los pies a la cabeza, para saber el origen y destino de cada peso que reciben del erario las organizaciones políticas.
Clave para la transparencia que nunca se pierda de vista que es dinero que aporta el pueblo vía pago de impuestos.
Con la propuesta, de ser aprobada por el poder legislativo, mira a lo que estarían obligados los partidos.
1.-Cada tres meses informarían en su portal lo que ganan los dirigentes y trabajadores en general de la organización.
2.-Transparentarían los recursos desde su origen, camino o curso que sigan y su destino.
3.-Administrarían los recursos públicos y privados mediante cuentas bancarias registradas ante el INE, no manejarían efectivo.
4.-Solo recibirían aportaciones de personas, físicas o morales, plenamente identificadas.
5.-Tendrían prohibido operar con recursos, bienes o servicios de actividades ilícitas o de origen no comprobable.
6.-El INE podría acceder al sistema financiero nacional para conocer a detalle el comportamiento de los partidos.
La historia demuestra que los partidos no son admiradores de la transparencia, no les gusta transparentarse, aunque en público los dirigentes presuman que son como una caja de cristal.
Apenas se conoció la propuesta aludida, se le preguntó a Jorge Romero, presidente del PAN, sobre los sueldos de los dirigentes. De inmediato respondió que eso no era ninguna novedad porque la información ya está en los portales.
Quien le preguntaba le hizo ver que había inconsistencias en los montos, cosa que no pudo negar Romero.
Es una pequeña muestra de lo que acostumbran los partidos, la transparencia no los distingue como tampoco distinguió a Ugalde cuando su IFE puso resistencia para dar información sobre los sueldos.
La iniciativa de ahora, según la exposición de motivos, está sustentada en los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y trazabilidad que aplican para todo ente u organismo que es financiado con recursos públicos.
Con dicha iniciativa, nadie de los trabajadores de los partidos, desde dirigentes para bajo, podría recibir un sueldo mensual, financiado con recursos públicos, superior a mil 100 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).
Quiere decir, considerando que una UMA vale 117.31 pesos, nadie podría ganar más de 129 mil 42 pesos un centavo.
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