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El INE dijo que no , ¿y el TEPJF?

DE PRIMERA MANO

Por Omar Zúñiga

  • Que Siga La Democracia impugnará la negativa a su registro ante la máxima autoridad electoral
  • Fernando Quiroz, dirigente en Veracruz, alza la voz y anuncia el recurso legal

Por Omar Zúñiga

 

La decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido político nacional a la agrupación Que Siga La Democracia no es el final del camino, es apenas el inicio de un litigio que podría escribir un nuevo capítulo en la larga historia de los partidos políticos nacidos —o rescatados— por la vía jurisdiccional en México.

Fernando Quiroz, representante estatal de la agrupación en Veracruz, anunció que el próximo 6 de julio la dirigencia nacional presentará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de impugnación contra la resolución del INE.

La estrategia es clara: agotar los cauces legales disponibles con la convicción de que los requisitos exigidos por la ley fueron plenamente cumplidos y que corresponde al órgano jurisdiccional revisar si el Consejo General actuó con apego a derecho, se cree que no fue así.

“Confiamos en que el Tribunal analizará con imparcialidad los argumentos que serán presentados. Estamos convencidos de que cumplimos con los requisitos que establece la ley y defenderemos, por la vía institucional, el derecho de miles de ciudadanos que decidieron organizarse para participar en la vida democrática del país”.

 

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El argumento de QSD no surge en el vacío; el historial reciente del sistema electoral mexicano ofrece dos precedentes directos que la agrupación seguramente pondrá sobre la mesa ante los magistrados de la Sala Superior.

El primero es el caso de Fuerza por México. En 2020, el INE negó el registro a esta agrupación encabezada por el senador Víctor Fuentes, al considerar que no había acreditado suficientemente la celebración de sus asambleas ni el número mínimo de afiliados requeridos.

La resolución del INE parecía inapelable, sin embargo, el TEPJF revirtió la negativa y ordenó otorgar el registro, al determinar que la agrupación sí había cumplido con los requisitos de ley y que el Instituto había aplicado criterios excesivamente restrictivos.

Fuerza por México participó en las elecciones de 2021, aunque después perdió su registro al no alcanzar el umbral mínimo de votación.

El segundo antecedente es Redes Sociales Progresistas (RSP), el INE también le negó el registro, argumentando irregularidades en sus asambleas constitutivas, el Tribunal volvió a intervenir y, tras revisar las pruebas aportadas, ordenó reconocer su registro como partido nacional.

RSP, al igual que Fuerza por México, terminó perdiendo su acreditación en las elecciones intermedias de 2021, pero el punto es relevante: en ambos casos, el árbitro electoral “se equivocó” —o al menos fue corregido por la autoridad jurisdiccional— y los partidos obtuvieron su registro por la vía del litigio.

Estos dos precedentes no son anecdóticos, establecen que el INE puede equivocarse —o actuar con criterios cuestionables— al evaluar el cumplimiento de requisitos, y que el Tribunal Electoral es la instancia llamada a corregir esos errores. Que Siga La Democracia apuesta a que la historia se repita.

 

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La discusión central en cualquier impugnación de este tipo se concentra en una pregunta técnica y al mismo tiempo política: ¿acreditó la agrupación el número mínimo de afiliados y la realización de asambleas válidas en al menos veinte entidades federativas, según exige la normativa electoral?

La postura de la agrupación es categórica: sí cumplió.

Sus representantes sostienen que los requisitos legales fueron satisfechos y que la resolución del INE carece de sustento jurídico suficiente, esta afirmación deberá ahora probarse ante los magistrados electorales, quienes tendrán que ponderar la evidencia documental y los argumentos de ambas partes.

La clave, como ocurrió en los casos de Fuerza por México y RSP, estará en los detalles: la autenticidad de las listas de afiliados, la regularidad de las asambleas, la representatividad geográfica. El Tribunal es meticuloso en estos análisis y si la agrupación cuenta con la documentación en regla, las posibilidades de éxito son reales.

Con las elecciones de 2027 a la vuelta de la esquina —por supuesto Veracruz incluido, donde la correlación de fuerzas entre Morena y los bloques opositores será sometida a prueba—, QSD lo que menos tiene es tiempo.

El recurso del 6 de julio deberá resolverse en semanas. El reloj corre… el Tribunal tiene la palabra.

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com

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