Coyotes electorales, con permiso oficial

Por: José Luis Parra

La presidenta Claudia Sheinbaum quiere acabar con los coyotes electorales. Buena intención. Lo malo es que la empresa pública propuesta para limpiar ese negocio millonario también aparece involucrada en irregularidades por contratos con uno de esos mismos proveedores privados. Es decir, el gobierno pretende combatir el coyotaje con una institución que terminó contratando a los coyotes.

Bonita manera de combatir la corrupción.

Talleres Gráficos de México, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, está bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en contratos correspondientes al proceso electoral de 2024. Su exdirectora, Maribel Aguilera Cháirez, enfrenta denuncias por operaciones que involucran cientos de millones de pesos.

Y aquí empieza lo interesante.

Durante la gestión de la sonorense Guadalupe Taddei al frente del INE, Talleres Gráficos recibió un contrato por 580 millones de pesos para elaborar documentación electoral federal, incluidas más de 300 millones de boletas. Además, firmó convenios con 13 organismos electorales estatales por más de 600 millones.

El pastel era suculento.

Tan suculento que Talleres Gráficos terminó rebasado en su capacidad de producción. Para cumplir sus compromisos recurrió a una empresa privada, Gráficas Corona JE, mediante una adjudicación directa por más de 427 millones de pesos.

Sin licitación pública.

La Auditoría Superior detectó que no se justificó legalmente esa excepción y encontró una operación contable irregular: Los pagos fueron registrados con cargo a una cuenta de deudores de un servidor público, en lugar de la cuenta acreedora del proveedor.

Una operación que despertó sospechas de triangulación de recursos.

¿Error administrativo o algo más?

Eso tendrán que determinarlo las autoridades. Por lo pronto, las denuncias ya están presentadas.

Pero el asunto tiene otras aristas políticas.

Maribel Aguilera fue diputada federal de Morena, delegada de los programas del Bienestar en Durango y llegó a la dirección de Talleres Gráficos en mayo de 2022, nombrada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su esposo, Antonio Meza Estrada, también ocupó posiciones dentro del gobierno obradorista. Fue director de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y posteriormente cónsul de México en El Paso, Texas. Su gestión en la Conaliteg también estuvo marcada por señalamientos de irregularidades en contrataciones.

Obviamente el parentesco no demuestra responsabilidad alguna.
Pero en política las relaciones cuentan. Y mucho.

Además, durante la gestión de Aguilera, Talleres Gráficos firmó otro contrato millonario con la Comisión Federal de Electricidad para imprimir recibos de luz hasta 2027, por más de mil 700 millones de pesos.

¿Y quién apareció nuevamente para ampliar la capacidad de producción?
Exacto. Gráficas Corona.

Esta vez con una adjudicación directa por más de 800 millones de pesos.

El negocio de las impresiones resultó bastante lucrativo. Y eso que estamos hablando de papel, tinta y maquinaria. No de petróleo ni de minas de oro.

Ahora bien, Sheinbaum propone fortalecer Talleres Gráficos y convertirlo en el principal productor de materiales electorales, con un consejo de administración más abierto y vigilancia externa.

La propuesta tiene una lógica: Evitar que un puñado de empresas concentre los contratos electorales.

Pero también enfrenta una contradicción que deberá resolverse.

¿Cómo garantizar que el remedio no reproduzca las mismas prácticas que pretende combatir?

Porque cambiar de proveedor no necesariamente significa cambiar de sistema. Mucho menos cuando los antecedentes muestran que una institución pública terminó recurriendo a contrataciones directas con empresas privadas.

Y aquí aparece otra interrogante.

¿Qué papel jugaron los funcionarios del INE que promovieron la contratación de Talleres Gráficos, aun cuando existían advertencias sobre su limitada capacidad de producción?

Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE en medio del escándalo por los contratos electorales. Su salida abrió una nueva etapa de investigaciones y ajustes dentro del organismo.

Por otro lado, Arturo Chávez López, quien sustituyó a Aguilera en Talleres Gráficos y posteriormente llegó al Consejo General del INE, reconoció que durante su gestión se presentaron denuncias relacionadas con irregularidades.

Así que el problema no parece limitarse a una empresa ni a un funcionario.

Hay toda una cadena de decisiones administrativas y políticas que merece revisarse.

La presidenta pidió investigar las contrataciones desde el año 2000. Correcto. La revisión tendría que incluir también los contratos celebrados durante el gobierno de López Obrador y los correspondientes a la actual administración.

Sin excepciones.

De lo contrario, la investigación podría terminar convertida en otro ajuste de cuentas entre grupos políticos, donde unos funcionarios aparecen como responsables y otros como simples espectadores.

La experiencia mexicana enseña que los negocios alrededor del poder suelen sobrevivir a los cambios de gobierno. Cambian los directores, los intermediarios y hasta los discursos. Los contratos continúan.

Por eso la discusión no debería limitarse a quién imprime las boletas electorales, sino a quién autoriza los contratos, quién los vigila y quién responde cuando aparecen irregularidades.

Al final, el problema no es que el Estado produzca materiales electorales. Es que lo haga con controles suficientes para evitar favoritismos, adjudicaciones injustificadas y operaciones financieras difíciles de explicar.

Sheinbaum tiene ahora la oportunidad de demostrar que su propuesta de transparencia también alcanza a los funcionarios y empresas vinculados con administraciones de Morena.

Porque investigar solamente el pasado anterior a la 4T dejaría incompleta la historia.

Y las auditorías, para tener credibilidad, no deberían distinguir colores partidistas.

Por lo pronto, los coyotes electorales siguen bajo investigación.

Unos desde las empresas privadas.

Otros contratos fueron autorizados desde oficinas públicas.

Y habrá que averiguar hasta dónde llega la cadena.

Porque en este negocio, al parecer, los coyotes no siempre tuvieron que saltar la cerca.

Algunos entraron por la puerta principal.

Y con contrato en la mano.