El máximo tribunal de derechos humanos de Europa emitirá el martes veredictos sin precedentes en tres casos separados sobre la responsabilidad de los estados frente al calentamiento global, fallos que podrían obligar a los gobiernos a adoptar políticas climáticas más ambiciosas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, parte del Consejo de Europa de 46 miembros, decidirá si las políticas gubernamentales sobre cambio climático están violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que supervisa.
Los tres casos acusan a los gobiernos europeos de inacción o de actuación insuficiente en sus medidas contra el calentamiento global.
En una señal de la importancia de la cuestión, todos los casos han sido tratados como prioritarios por la Gran Sala del TEDH, la máxima instancia del tribunal, cuyos 17 jueces pueden sentar un precedente legal potencialmente crucial.
Será la primera vez que el tribunal se pronuncie sobre el cambio climático.
Si bien varios Estados europeos, incluida Francia, ya han sido condenados por tribunales nacionales por no cumplir sus compromisos contra el calentamiento global, el TEDH podría ir más allá y dejar claros nuevos derechos fundamentales.
El desafío consiste en garantizar «el reconocimiento de un derecho individual y colectivo a un clima lo más estable posible, lo que constituiría una importante innovación jurídica», afirmó la abogada y ex ministra francesa de Medio Ambiente, Corinne Lepage, que defiende uno de los casos. .
‘Punto de retorno’
La posición del tribunal «puede marcar un punto de inflexión en la lucha global por un futuro habitable», afirmó el abogado Gerry Liston, de la ONG Global Legal Action Network (GLAN).
«Una victoria en cualquiera de los tres casos podría constituir el desarrollo jurídico más significativo sobre cambio climático para Europa desde la firma del Acuerdo de París de 2015» que fijó nuevos objetivos para los gobiernos para reducir las emisiones, afirmó.
Aunque la Convención no contiene ninguna disposición explícita relativa al medio ambiente, la Corte ya ha dictaminado con base en el artículo 8 de la Convención –el derecho al respeto de la vida privada y familiar– la obligación de los Estados de mantener un «medio ambiente sano», en los casos relativos a la gestión de residuos o a actividades industriales.
De los tres casos que se decidirán el martes, el primero es presentado por la asociación suiza de Ancianos para la Protección del Clima (2.500 mujeres de 73 años en promedio) y cuatro de sus miembros que también han presentado denuncias individuales.
Se quejan de «fallos de las autoridades suizas» en materia de protección del clima, que «perjudicarían gravemente su estado de salud».
Damien Careme, ex alcalde de la ciudad costera de Grande-Synthe, en el norte de Francia, ataca en su caso las «deficiencias» del Estado francés, argumentando que suponen un riesgo de que su ciudad quede sumergida bajo el Mar del Norte.
En 2019, ya presentó un caso ante el Consejo de Estado de Francia, su máximo tribunal administrativo, alegando «inacción climática» por parte de Francia. El tribunal falló a favor del municipio en julio de 2021, pero rechazó un caso que había presentado en su propio nombre, lo que llevó a Careme a llevarlo ante el TEDH.
‘Para beneficio de todos’
El tercer caso fue presentado por un grupo de seis portugueses, de entre 12 y 24 años, inspirados para actuar después de que los incendios asolaron su país en 2017.
Su caso no es sólo contra Portugal, sino también contra otros 31 estados (todos los países de la UE, además de Noruega, Suiza, Turquía, Reino Unido y Rusia).
Casi todos los países europeos pertenecen al Consejo de Europa, no sólo los miembros de la UE.
Rusia fue expulsada del COE después de su invasión de Ucrania, pero los casos contra Moscú todavía se ven en los tribunales.
El TEDH sólo conoce casos cuando se han agotado todas las apelaciones internas. Sus sentencias son vinculantes, aunque ha habido problemas con el cumplimiento de ciertos estados como Turquía.
Los tres casos se basan principalmente en artículos de la Convención que protegen el «derecho a la vida» y el «derecho al respeto de la vida privada».
Sin embargo, la Corte sólo emitirá un veredicto que siente un precedente si determina que estos casos han agotado todos los recursos a nivel nacional.
Los estados acusados intentaron demostrar que este no es el caso durante dos audiencias celebradas en 2023.
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