Col. Candelero
Por Abraham Mohamed Z.
Para empezar, no se puede negar que Estados Unidos ha abierto un frente de gran riesgo para la reputación del gobierno de la Presidenta Sheinbaum y de su partido Morena, con la solicitud de detención provisional/revisión de evidencia con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios acusándolos de conspiración para traficar drogas hacia su país, recibir sobornos y contar con la colaboración político-electoral del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura del Estado.
Como detalle curioso es que Rubén Rocha relevó al entonces gobernador priista Quirino Ordaz, ahora “moreno” embajador de México en España quien dejó actuar sin freno la que fue violenta campaña que coordinaba como delegado de Morena en Sinaloa, el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra.
Retomo el tema de la solicitud de (ojo) detención provisional /revisión de evidencia con fines de extradición del grupo encabezado por Rocha Moya.
Debe quedar claro que la extradición es un procedimiento formal sujeto a condiciones estrictas que requiere Tratado Bilateral y cumplimiento de requisitos probatorios irrefutables que es lo que reclama correctamente la Presidenta Sheinbaum, porque México no está obligado a concederla si no se cumplen los principios legales.
Explico:
La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud del gobierno de Trump pero al detectar falta de suficientes pruebas en el expediente inicial, lo envió a la Fiscalía General de la República que es la instancia que evaluará si existen elementos para judicializar el caso en México, o proceder a la extradición.
Puede decirse que el proceso está en fase preliminar (detención provisional/revisión de evidencia) no en ejecución de extradición, pero también se advierte que hay obstáculos legales para eso y son los que también la Presidenta exigió en su mañanera de hoy jueves.
1.- Que el Departamento de Justicia de EU presente pruebas irrefutables para librar la orden de aprehensión interna o justificar la extradición porque las presentadas se consideran débiles o incompletas.
2.- El gobernador Rocha Moya está en funciones por lo que tiene protección institucional que es el Fuero, lo que complica su detención inmediata.
3.- La Presidenta está firme en no aceptar la extradición sin el debido proceso nacional, ni actuaciones que se perciban como injerencia extranjera.
Pero sin duda que este caso es sumamente delicado porque afecta a un gobernador en funciones de Morena que es el partido gobernante de México.
Además implica los posibles vínculos entre el gobierno sinaloense y el crimen organizado, lo cual se califica como narcopolítica.
Y también porque el gobierno federal ha respondido con escepticismo, al sugerir posibles motivaciones políticas en la acusación.
Reitero que sí hay riesgo de que pueda afectarse la reputación del gobierno federal, pero también fue un incentivo para que el Congreso de la Unión -Cámaras de Diputados y Senadores- cerrara filas institucionales mientras no haya pruebas concluyentes de Estados Unidos contra los acusados.
ADENDUM:
Está por verse si por la falta de pruebas contundentes por parte de Estados Unidos no procede la extradición del Gobernador Rocha Moya y coacusados, y también que hará la Fiscalía mexicana al terminar la investigación que del delicado caso realiza.
A la injerencia del gobierno de Estados Unidos de solicitar acciones penales contra políticos mexicanos, México responde defendiendo el debido proceso y su soberanía.
Para finalizar: creo que la solución del caso dependerá de las pruebas que se presenten y no de la politiquería.
mohacan@prodigy.net.mx
