Jorge Camacho Ortega
Presidente Nacional del Comité de Membresía de Coparmex.
En el complejo tejido de nuestra economía, la gasolina no solo fluye a través de tuberías y carreteras, también lo hace a través de un oscuro mercado paralelo donde la corrupción gubernamental y la delincuencia organizada se entrelazan en un paraíso de impunidad. En este escenario, el precio de la gasolina no sólo se mide en pesos por litro, sino en las pérdidas millonarias para el sector y el erario, que perjudica a todo el país.
Comparar el costo de la gasolina entre México y Estados Unidos es un ejercicio que va más allá de las cifras en la bomba de gasolina. Mientras que nuestros vecinos del norte pagan alrededor de $14 pesos por litro, en México el precio asciende a $23.26. Este desequilibrio económico refleja no sólo la ineficiencia de nuestras políticas energéticas, sino también la voracidad impositiva del gobierno federal y de una maquinaria corrupta que lucra con el dinero de las y los mexicanos.
El “huachicol” que ha penetrado en la conciencia colectiva como sinónimo de ilegalidad y corrupción, se extiende más allá de la extracción ilegal de combustibles de los ductos de Pemex. Hoy en día, el “huachicol fiscal” representa el 30% de las ventas de combustibles a nivel nacional, una sangría financiera que alcanza la cifra de mil 346.6 millones de pesos diarios para el sector. Detrás de este negocio turbio se esconde una red de complicidades que se extiende desde las aduanas hasta los puertos, manejada con la precisión de una empresa corporativa y respaldada por la complicidad de aquellos en las altas esferas del poder.
La magnitud de esta operación ilegal no solo desafía la lógica, sino que también pone en tela de juicio la integridad misma de nuestras instituciones. ¿Cómo es posible que durante este sexenio hayan ingresado más de 250 millones de barriles de combustible a México sin pagar impuestos? ¿Quiénes son los poderosos que controlan este entramado de corrupción y qué motivos los impulsan? Estas son preguntas incómodas que exigen respuestas claras y acciones concretas.
El gobierno actual, con su lema de “Cuarta Transformación”, prometió erradicar el flagelo del huachicol, pero parece que sólo logró desplazarlo hacia una forma más sofisticada y rentable: el huachicol fiscal. Mientras tanto, las pérdidas para el fisco se acumulan día a día. La Secretaría de Hacienda reveló que para el año 2021 representó una disminución en su recaudación de 112 mil millones de pesos, cifra que podría ascender a 450 mil millones de pesos en lo que va del sexenio según cálculos de las diferencias entre el registro de exportaciones de gasolina a México de la Customs and Border Protection de Estados Unidos y los reportes de importación de hidrocarburos de la Agencia Nacional de Aduanas del gobierno mexicano.
La reciente revelación de la trama de corrupción que vincula el contrabando de combustible con el financiamiento de campañas políticas es solo la punta del iceberg de un problema sistémico que ha corroído las entrañas de nuestra democracia y se convierte en el gran elector con el poder económico y político para imponer candidatas y candidatos en este proceso electoral.
El combate al huachicol fiscal no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino también de justicia social y económica. Es hora de que el gobierno federal ponga fin a esta oscura práctica que enriquece a unos pocos a expensas del bienestar de todos.
El futuro de México no puede depender de la corrupción y voluntad de unos cuantos que con el poder político y económico del “huachicol fiscal” quieren trastocar nuestra democracia. Ahora más que nunca la sociedad civil debe participar activamente en las elecciones de nuestro país y decidir a quiénes queremos como gobernantes ejerciendo nuestro derecho al voto este 2 de junio.
Por un México democrático sin corrupción participa, vota y exige.
