Octavio Campos Ortiz
Hernando de Soto Polar, economista, político y ex candidato presidencial peruano, publicó en 1986 el libro El otro sendero, obra en la que analizó el fenómeno de la economía informal en el país andino y su importancia en otras naciones del entonces llamado Tercer Mundo, hoy eufemísticamente conocidos como países en vía de desarrollo. El también ex director del Banco Central de Reservas de Perú y asesor económico de Alberto Fujimori -curiosamente el prólogo del texto de Hernando lo escribió Mario Vagas Llosa, contrincante del ex mandatario inca- y de Keiko Fujimori, hizo un reclamo a los gobiernos latinos de entonces por su falta de políticas públicas para sacar de la postración y la miseria a sus pueblos y los responsabilizó de que la economía informal fuera el motor de las economías locales y única forma de los pobres para sobrevivir. La informalidad, aunque ilegal, era una actividad productiva que generaba crecimiento. Como funcionario propuso medidas neoliberales para sustituir paulatinamente esa opción y alcanzar el desarrollo.
Cuarenta años después, México sigue como nación en vías de desarrollo y su economía, como la del Perú de los ochenta, depende en más del sesenta por ciento de la informalidad. No hay crecimiento, solo retracción del empleo -paradójicamente el crimen organizado se muestra como uno de los cinco principales empleadores del país-, nula inversión extranjera directa real, inexistentes políticas públicas que alienten las finanzas e incrementen el PIB y ausencia de un programa nacional de desarrollo.
Sin embargo, no todo está perdido. México también puede tener el otro sendero: el fideicomiso. Para ello se requiere de la voluntad política del régimen y fortalecer la figura financiera de la SOFOM -Sociedad Financiera de Objeto Múltiple-. Adolfo González Olhovich, presidente del Consejo de Click Seguridad Jurídica -empresa especializada en mitigar riesgos y garantizar obligaciones a través del uso de fideicomisos con 15 años de experiencia-, declaró que es urgente aprovechar la institucionalización de las PYMES -motor de la economía nacional- para crear empleos, desarrollar espacios y ciudades de calidad, implementar modelos de transporte del siglo XXI e impulsar la cultura para posicionar al país como la décima economía global.
Algo positivo y alcanzable del Plan México -agregó el ejecutivo-, es su objetivo de otorgar créditos al 30 por ciento de las PYMES en el país, pero eso solo es posible si las instituciones financieras operan con certeza jurídica y el único mecanismo que puede brindar esa seguridad es el uso de fideicomisos para garantizar los créditos. Con ello se puede reducir el riesgo, el tiempo de ejecución y costo del dinero o fondeo hasta en un 70 por ciento. Por ello, empresas como TMSourcing propondrán una Ley de Fideicomisos que regule el mercado, el cual asciende a más de catorce billones de pesos en activos, donde CIBanco administraba el 26 por ciento, hoy peligrosamente en manos de la banca de desarrollo.
González Olhovich informó que en el horizonte de proyectos de personas mexicanas hay más de mil millones de dólares que se pueden aplicar en acciones de utilidad social, infraestructura, polos de desarrollo, programas económicos, ambientales y culturales. Los fideicomisos no solo son aplicables a la PYMES, sino a personas físicas y proyectos particulares. La figura del fideicomiso también es útil para hacer más rentables las herencias o planes educativos de hijos y nietos, ya que solo entre el 4.7 y el 7 por ciento de la población cuenta con testamento. El fideicomiso ahorra hasta un 30 por ciento gastos y afectan menos los impuestos. Hay que avanzar en la cultura fiduciaria.
Urge el otro sendero para no depender más de la economía informal, solo falta voluntad política para lograrlo, más allá de promesas gubernamentales y estrategias populistas.
Apostilla: El Congreso mexiquense analiza una iniciativa de ley presentada por Irinea Buendía, reconocida defensora de víctimas de feminicidio y madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en Chimalhuacán, Estado de México el 28 de junio de 2010, a los 28 años.
La iniciativa, elaborada por el abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, reconocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, propone agregar al Código Penal local un nuevo delito cometido por las autoridades de administración de justicia “Negación de la Justicia por Razones de Género”.
Con ello se busca obligar a las autoridades a investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, tipificar el delito de negación de justicia por razones de género y sancionar a funcionarios que por omisión o negligencia contribuyan a la impunidad.
