José Luis Parra
La negociación del T-MEC dejó de ser una discusión sobre aranceles, cadenas de suministro o ventajas competitivas. Ahora la mercancía más valiosa es la seguridad. Y México llega a la mesa con una pesada maleta llena de expedientes, sospechas y una incómoda pregunta: ¿qué tan profundo está dispuesto a limpiar su propia casa?
Donald Trump entendió hace tiempo que un tratado comercial también puede convertirse en un instrumento de presión política. Si antes las investigaciones sobre corrupción o presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado permanecían en un cajón diplomático, hoy son parte del menú principal. Ya no sirven como simple moneda de cambio; ahora son requisito de admisión.Política
La ecuación cambió. Para Washington, un socio comercial confiable también debe ser un socio confiable en materia de seguridad. Y eso significa resultados, no discursos.
La presión no es menor. Sobre la mesa aparecen nombres de políticos, funcionarios y mandos de seguridad investigados por autoridades estadounidenses. Más que acusaciones individuales, el mensaje parece dirigido al sistema completo: desmontar las redes de protección política de los cárteles.
Ahí radica el verdadero dilema del gobierno mexicano.
Porque entregar una pieza importante no necesariamente cerraría el conflicto. Podría ocurrir exactamente lo contrario: abrir la puerta para que la lista siga creciendo. La primera extradición podría convertirse en la primera ficha de un dominó imposible de detener.
Mientras tanto, los mercados observan con atención. El inversionista no distingue entre una reforma judicial, un bloqueo comercial o una crisis de seguridad. Todo lo traduce en una sola palabra: incertidumbre.
Y la incertidumbre cuesta.
Cuesta inversiones, empleos, crecimiento y confianza.
Por eso resulta insuficiente que la negociación quede exclusivamente en manos de los especialistas en economía. Si la nueva lógica estadounidense mezcla comercio, narcotráfico, corrupción y política exterior, México necesita una estrategia igual de transversal. Marcelo Ebrard podrá negociar aranceles, pero Omar García Harfuch deberá convencer de que existe una política de seguridad capaz de producir resultados verificables.
La renegociación del T-MEC ya no se librará únicamente en oficinas con gráficos económicos y balances comerciales. También se disputará en las calles donde operan los cárteles, en los tribunales donde se procesan expedientes y en los despachos donde se decide si una investigación avanza o se congela.
Quizá el mayor error sería pensar que todo se resolverá con una buena negociación comercial.
Porque el mensaje de Washington parece ser otro: primero la seguridad, después los negocios.
Y cuando un tratado comercial comienza a parecerse a un expediente ministerial, conviene entender que el problema dejó de ser económico para convertirse en político.
