José Luis Parra
Estados Unidos ya puso precio a las cabezas del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Y también lanzó una advertencia para sus protectores políticos en México.
Ningún título, cargo o conexión política los protegerá.
Más claro ni el agua.
Washington anunció que perseguirá, desmantelará y destruirá al CJNG. No habló de contenerlo, abrazarlo, investigarlo con prudencia ni acusarlo con estampitas.
Destruirlo.
La diferencia en el lenguaje no es menor.
El Gobierno estadounidense está utilizando al Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro y hasta al Servicio de Impuestos Internos para combatir a una organización criminal que dejó de ser un simple cartel mexicano para convertirse en una empresa transnacional.
Una empresa con departamentos especializados.
Drogas, armas, lavado de dinero, criptomonedas, corrupción política, fraudes telefónicos y hasta tiempos compartidos.
Poquito de todo.
Nada más les falta cotizar en la bolsa.
La ofensiva contempla más de 100 millones de dólares en recompensas por los principales mandos del CJNG. El nuevo objetivo prioritario es Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, por quien ofrecen 25 millones de dólares.
Los demás aparecen en una especie de catálogo criminal.
Quince millones por unos.
Diez millones por otros.
Dos millones por una operadora financiera.
El crimen organizado también tiene escalafón.
Y tabulador.
Pero el anuncio más delicado para México no está en las recompensas ni en las fotografías de los capos.
Está en la corrupción política.
La DEA asegura que ya tiene identificados a funcionarios mexicanos que protegen a dirigentes del CJNG, facilitan el narcotráfico, ayudan a lavar dinero y obstaculizan investigaciones.
No revelaron los nombres.
Todavía.
Ahí está la palabra importante.
Todavía.
Porque una cosa es perseguir narcotraficantes en la sierra, en las ciudades o en los puertos, y otra muy distinta empezar a tocar las puertas de oficinas públicas, comandancias, fiscalías, alcaldías y palacios de gobierno.
El mensaje fue directo: La corrupción que facilita las operaciones del cartel será tratada como parte de las actividades del cartel.
Eso significa que para Washington el funcionario que recibe dinero, brinda protección o filtra información ya no sería solamente un político corrupto.
Sería parte de la estructura criminal.
Y ahí cambia todo.
Hasta ahora ningún funcionario electo o mando policial mexicano ha enfrentado cargos penales en Estados Unidos por vínculos específicos con el CJNG.
Pero los estadounidenses ya adelantaron que van por ellos.
Tienen nombres.
Probablemente expedientes.
Y seguramente testigos.
¿Quiénes son?
¿En qué estados operan?
¿Siguen en funciones?
¿Forman parte de gobiernos anteriores o del actual régimen?
¿Son policías, alcaldes, gobernadores, legisladores o funcionarios federales?
Quién sabe.
Pero por si las dudas algunos deberían empezar a revisar si tienen visa vigente.
O abogado bilingüe.
La estrategia estadounidense no se limita a capturar capos. También busca cortarles el dinero.
Ahí aparece una red de fraudes con tiempos compartidos que habría provocado pérdidas superiores a los 400 millones de dólares y afectado a más de seis mil estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.
El mecanismo era relativamente sencillo.
Prometían vender o rentar propiedades.
Pedían pagos de impuestos y tarifas anticipadas.
El dinero desaparecía.
Y las supuestas ganancias nunca llegaban.
Con esos recursos, según las autoridades estadounidenses, el cartel financiaba operaciones, compraba armas, traficaba drogas y pagaba sobornos.
Del turista estafado al funcionario comprado.
Toda una cadena productiva.
El CJNG entendió que el narcotráfico tradicional ya no era suficiente. Diversificó sus negocios y convirtió la tecnología en herramienta financiera.
Call centers.
Páginas falsas.
Transferencias.
Criptomonedas.
Bitcoins.
El crimen también se moderniza.
Los gobiernos, a veces no tanto.
Por eso Estados Unidos quiere perseguir el dinero sin respetar fronteras. Localizar cuentas, congelar recursos y encontrar las rutas financieras que sostienen a la organización.
En otras palabras, no solamente van por los pistoleros.
Van por los contadores.
Los prestanombres.
Los operadores financieros.
Los empresarios.
Y los funcionarios.
Ahí es donde la ofensiva podría provocar un verdadero terremoto político en México.
Porque los grupos criminales no crecieron solos.
No conquistaron territorios únicamente con rifles y camionetas blindadas.
También necesitaron permisos, protección, omisiones, información privilegiada y complicidades dentro del poder.
El cartel pone las balas.
La corrupción abre las puertas.
Ahora falta ver si el Gobierno mexicano colabora o aplica la tradicional estrategia de exigir pruebas, defender la soberanía y mirar hacia otro lado.
Estados Unidos ya anunció que va por el CJNG.
Y también por sus socios de cuello blanco.
Cuando aparezcan los primeros nombres, seguramente abundarán los sorprendidos.
Y los perseguidos políticos.
Porque en México todos son inocentes.
Hasta que hablan los testigos en una corte estadounidense.
