Por Aurelio Contreras Moreno
Hace casi seis años, cuando el PRI volvió a Los Pinos tras dos sexenios fuera del poder, el grupo político que tomó las riendas del país, representado en la figura de Enrique Peña Nieto, aseguraba que el suyo era un proyecto por lo menos para otros 25 años al frente del gobierno.
Un sexenio después, el fracaso de ese grupo y de ese modelo político y económico, evidenciado en su hecatombe electoral del pasado 1 de julio, tiene el mismo nombre y apellido: Enrique Peña Nieto.
Si bien no es el único responsable del derrumbe del PRI, el hombre que en los primeros dos años de su administración se promovía a nivel internacional como un reformador vanguardista y hasta juraba en publicaciones norteamericanas que estaba “salvando a México”, terminará su periodo como Presidente de la República en medio del descrédito y el repudio generalizado de los mexicanos, comparable al de sus antecesores Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.
Aun cuando la situación económica del país no se asemeja –al menos hasta ahora- a la ruina en la que dejaron a México los dos ex mandatarios antes citados, si algo tienen en común ambos con Peña Nieto es el sino de la corrupción, que enfermó a la administración federal que está por fenecer como una peste que terminó por aniquilarla.
La corrupción como forma de gobernar, de hacer política y de vivir fue una sombra que persiguió a Peña Nieto sin que él, un hombre frívolo e ignorante, se percatara siquiera de la gravedad de este hecho. Para él y su grupo cercano, hacerse de lujosas propiedades traficando influencias y favores con empresarios sin escrúpulos, reducir y aplastar a los adversarios políticos usando de manera facciosa las instituciones, solapar el enriquecimiento monstruoso de los gobernadores de su mismo partido y de algunos de sus colaboradores, desviar recursos para ganar elecciones, así como usar los bienes públicos para beneficio personal, era lo más normal del mundo.
Todos estos excesos finalmente le cobraron factura, a él y a su partido, y fue entonces que salió a relucir otra faceta de la personalidad de Enrique Peña Nieto: la de la cobardía personal, que lo llevó a intentar evadir a toda costa sus responsabilidades.
Cuando estalló el escándalo de la “Casa Blanca” de Las Lomas, en lugar de dar la cara y ofrecer una explicación a los mexicanos, el Presidente obligó a salir ante los medios a su esposa, sin importarle destrozar su imagen con tal de salvaguardar la propia. Y para intentar “lavar la cara” a su gobierno, ordenó “investigaciones” que obviamente no llevaron a nada y planteó la creación de un supuesto sistema anticorrupción que lo único que ha generado hasta ahora es burocracia y, como tragicómica paradoja, más corrupción.
Al llegarle la lumbre a los aparejos, y ante la posibilidad real de perder el poder a causa de los estragos causados por esa misma solapada corrupción a la imagen de su gobierno y su persona, Peña Nieto accionó el sistema judicial en contra de sus propios “aliados”, sin importarle que, como el propio Javier Duarte, hubieran financiado –con recursos públicos- su campaña presidencial. A otro perro habría que cargarle las pulgas del cochinero en el que todos se revolcaron.
Al final, el sistema que lo encumbró se encargó de derrumbarlo. Tras la estrepitosa –y completamente previsible- derrota electoral del 1 de julio, Enrique Peña Nieto se convirtió en una caricatura de sí mismo. Sigue en funciones como Presidente pero ya no gobierna ni toma decisión alguna. Sin un dejo de dignidad, permite que quien será su sucesor le dé instrucciones públicamente, mientras que en lo privado le ordenan cargar con los costos de otras decisiones que el siguiente gobierno no quiere asumir directamente. Él acepta gustoso el patético papel de pelele, con tal de no ser llamado a cuentas en los años por venir.
Porque fue y es un Presidente cobarde. También por eso será (mal) recordado.
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