Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
En un clima de incertidumbre y en medio de una violencia que el gobierno del estado de Veracruz prefiere no voltear a ver y en cambio minimizar, comenzaron formalmente las campañas del proceso electoral municipal por el que se renovarán los 212 ayuntamientos de la entidad.
Una veintena de aspirantes a cargos edilicios han denunciado haber sido víctimas de amenazas y varios han incluso renunciado, mientras que el gobierno y la propia titular del Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, lo menos que han hecho es tirarlos a locos. Incluso, los han ridiculizado, acusándoles de hacerse las “víctimas”.
Pero la realidad que no se quiere asumir –por omisión o complicidad- es que el crimen organizado también participa en la elección y su manera de hacerlo es a través de la violencia.
Desde el año pasado algunos aspirantes a presidencias municipales fueron agredidos y otros asesinados. Incluidos simpatizantes y/o militantes de Morena, el partido oficial, cuyos dirigentes, para no “incomodar” a las autoridades estatales emanadas de ese mismo instituto político, hicieron mutis y prefirieron “descartar” que los ataques se debiesen al tema político-electoral.
A eso hay que añadir la violencia que, sin tener que ver directamente con las elecciones, azota a todo el territorio veracruzano, donde todas las semanas hay ataques directos para cometer homicidios, algunos por cobros de “piso” que las víctimas se negaron a pagar, otros por causas diversas, pero que al final tienen el mismo efecto: miedo, inestabilidad y zozobra.
No es nuevo que el crimen organizado busque influir en temas electorales colocando candidatos y haciendo a un lado a aquellos que no respondan a sus intereses. Pero que las autoridades de plano se laven las manos y a pesar de los hechos sangrientos que ocurren en todos lados, se atrevan a decir que Veracruz está “tranquilo”, va más allá de cualquier adjetivo.
El interés de los criminales por controlar los gobiernos municipales tiene que ver fundamentalmente con intervenir los cuerpos de seguridad locales para que no interfieran en sus actividades delictivas, e incluso “trabajen” para estos mismos grupos. Pues bien, a eso ahora hay que sumar que a la par de la elección de ayuntamientos, también iniciaron formalmente las campañas para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, área en la que los delincuentes tienen especial interés. Quizás hasta mayor.
Colocar como juzgadores ya no solo a personas afines, sino abiertamente a representantes de los intereses de los criminales, con todo lo que eso implica, es ahora una posibilidad real ante la pifia histórica del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” de someter a una elección a población abierta cargos a los que se llegaba por competencias, por conocimientos y trayectoria, por lo sensible de sus encomiendas.
Y esto no se reduce a una mera especulación. En el proceso de elección de juzgadores para el Poder Judicial de la Federación fue reconocido por el propio Senado que se les “colaron” –si les queremos creer que fue un “error”- perfiles que no cumplen con el requisito de “probidad”, por la simple y sencilla razón de que han sido –o siguen siendo- defensores de narcotraficantes y hasta de violadores sanguinarios de derechos humanos.
Si eso pasó a nivel federal, imagínese a nivel local, donde la pandilla que gobierna Veracruz –y que extrañamente dice que aquí no pasa nada- se despachó con todas las candidaturas de juzgadores.
Pues a partir de hoy, comenzaron las campañas de ambos procesos a nivel local. Sálvese quien pueda.
Trece años de impunidad
Si Regina Martínez viera cómo la usan para sus agendas políticas, les escupía en la cara. Que la justicia llegue para ella algún día.
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