Ricardo Del Muro / Austral
Grupos de civiles armados y encapuchados, identificados como supuestos autodefensas, desfilaron ayer en por las calles de seis municipios del norte de Chiapas (Solosuchiapa, Ixtacomitán, Ixhuatán, Pueblo Nuevo, Tapilula y Rayón), para advertir a los grupos del crimen organizado que ya no permitirán extorsiones, cobros de piso, robos, secuestros, violaciones y asaltos.
A través de videos que circulan en redes sociales, se difundió el desfile de este grupo de personas armadas que colocaron mantas y repartieron volantes entre la población, con un mensaje para los cárteles: “En estos municipios no queremos cualquier grupo de cártel. Si vemos la presencia de alguno, le vamos a partir su madre. Ya sabemos que hay gente involucrada. (…) Es una advertencia, si guerra quieren, guerra tendrán. Fuera Cártel”.
Aunque sorpresiva, la aparición de este nuevo grupo de autodefensas en los municipios del norte de Chiapas se explica por la pasividad del gobierno mexicano ante la escalada de violencia que hay en esta entidad, donde varios grupos del crimen organizado se disputan el control del tráfico de migrantes ilegales en la frontera sur.
A principios de este año, Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial de Morena, fue interceptada en un tramo carretero de Motozintla por un grupo de encapuchados, presuntos autodefensas, que exigieron su apoyo para acabar con los secuestros, extorsiones y violaciones cometidos por el crimen organizado en esa región de la sierra de Chiapas.
Uno de los encapuchados se acercó al vehículo donde viajaba Sheinbaum, para decirle: “No estamos para perjudicar al gobierno ni en contra (…) estamos acá para que usted vea el desastre que es Comalapa”.
Hace un año, en julio de 2023, apareció en Pantelhó un grupo autodenominado “Ejército Civil del Pueblo Indígena”, que expulsó de esa población a otro grupo armado, denominado “El Machete” y a partir de esa fecha, han ocurridos enfrentamientos en ese municipio, donde no pudieron realizarse elecciones.
El surgimiento de los grupos armados de autodefensas en Chiapas, a semejanza de lo ocurrido en Guerrero y Michoacán, se debe fundamentalmente a la “débil aplicación de la ley”, tal como lo señaló desde hace diez años la organización internacional Human Rights Watch.
En ese informe, publicado en 2014, se señalaron las fallas del Estado mexicano y los pocos avances que había tenido para resolver los asesinatos, desapariciones forzadas en el contexto de la lucha del Ejército mexicano y las policías contra el crimen organizado.
Sobre este tema, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que el gobierno mexicano había mantenido una posición “ambigua e improvisada” respecto de este fenómeno que surgió en Michoacán y otras entidades, el cual podría convertirse en un “Frankestein incontrolable”, como ha sucedido diez años después.
El fenómeno de los grupos de autodefensa llamó la atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde diciembre de 2013 cuando advirtió la presencia de ellos en 46 de los 81 municipios del estado de Guerrero, los cuales se constituyeron con el objetivo de brindar seguridad a sus comunidades y luchar contra la delincuencia.
En dicho informe especial, la CNDH hizo patente el riesgo de que la situación por la que atravesaba el estado de Guerrero se replicara en otras entidades federativas y enfatizó la necesidad de que las autoridades estatales recobraran las funciones que dejaron de ejercer, ya que de lo contrario, este tipo de movimientos podrían derivar en la expansión de organizaciones que reivindicaran para sí funciones que corresponden indelegablemente al Estado.
Esa situación detectada en el estado de Guerrero se presentó después en Michoacán, donde surgieron grupos de autodefensa en La Ruana, tenencia de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista y en el municipio de Tepalcatepec, cobrando auge en 2014.
Sobre los antecedentes de su surgimiento, los testimonios recabados por la CNDH demostraron que durante los años previos, la vida de los michoacanos se vio afectada por una elevada criminalidad, producto de los conflictos entre los grupos de “delincuencia organizada” y por la violencia generada entre éstos y las autoridades.
Los testimonios exponían que esta problemática inició y comenzó a agravarse desde 2006; que posteriormente, en los años 2011 y 2012 la violencia de estos grupos afectó directamente las vidas y patrimonios de los michoacanos.
En muchas regiones del estado de Michoacán los gobiernos estatal y municipal dejaron a las poblaciones a merced de los grupos delictivos. Los relatos de las víctimas dan cuenta de secuestros, desapariciones, ejecuciones y extorsiones, que se convirtieron en parte de su cotidianidad, lo cual les impidió vivir una vida digna, libre y en paz.
Su vida diaria se vio afectada por los abusos de la “delincuencia organizada”, al punto en que no podían disfrutar el producto de su trabajo; sufrieron afectaciones económicas porque la “delincuencia organizada” intervenía en cuestiones tan básicas como el precio de productos de alimentación y subsistencia.
Además, según los testimonios, en algunas regiones actuaban como “jueces” de contiendas civiles o familiares.
Hasta la fecha, diez años después, la inseguridad y la violencia provocada por los grupos del crimen organizado no sólo permanece en Guerrero y Michoacán, sino que se ha extendido a otros estados del país.
Actualmente la violencia en Chiapas muestra cada vez más signos alarmantes e indicadores que desde años ya se han manifestado en otras partes del país.
Enfrentamientos, ejecutados, secuestros, desapariciones, extorsiones y acciones violentas que han realizado los grupos del crimen organizado contra muchas poblaciones.
Se estima que el crimen organizado tiene presencia en al menos 39 de los 124 municipios del estado; de hecho, hay 14 municipios de la sierra y fronterizos que son mantenidos en “estado de sitio” por los grupos criminales, destacando el caso de Frontera Comalapa y Chicomuselo.
Ante esta situación, recientemente, sucedió un hecho inédito cuando centenares de familias tuvieron que cruzar la frontera para refugiarse en Guatemala y así evitar que sus hijos fueran reclutados por el crimen organizado. RDM
