Por Aurelio Contreras Moreno
Aun cuando el Congreso de la Unión no ha aprobado –todavía- las reformas constitucionales que darán pie a la creación de la Guardia Nacional propuesta por el Gobierno Federal como estrategia para combatir la inseguridad y la violencia en el país, en estados como Veracruz ya se aprestan para lo que en los hechos será la militarización de la seguridad pública.
De las 266 coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional que contempla el Plan de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 18 de éstas se encontrarán en el estado de Veracruz, lo que lo coloca como la segunda entidad con más regiones, solo detrás del Estado de México con 32, y por delante de la Ciudad de México y de Jalisco, de acuerdo con un informe de la organización México SOS y de datos oficiales sistematizados por el portal Animal Político.
De estas 18 coordinaciones territoriales que se establecerán en la entidad veracruzana, 14 están consideradas como de alto riesgo y cuatro de nivel medio. Los municipios que se clasifican como “focos rojos” de inseguridad son los de Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Cosoleacaque, Córdoba, Orizaba, Veracruz puerto, Boca del Río, Xalapa, Coatepec, Cosamaloapan, Poza Rica, Papantla y Tecolutla.
En estas regiones clasificadas como de alto riesgo está considerado el despliegue de fuerzas de seguridad con mando militar al frente. Mismas que, de aprobarse las reformas constitucionales tal como fueron planteadas por el gobierno lopezobradorista a través de Morena en el Congreso de la Unión, tendrán facultades para realizar detenciones no solo en el caso de delitos del fuero federal, sino también en los del fuero común.
El riesgo que ello entraña es enorme y ya se ha advertido en numerosas ocasiones y espacios. Los militares están entrenados para eliminar al enemigo, no para realizar tareas de prevención de los delitos, y mucho menos los que corresponden al fuero común. Conferirles esa responsabilidad implica necesariamente –como quedó de manifiesto en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que se aplicó exactamente la misma estrategia, aunque en esos casos solo para delitos federales- un incremento en la violencia y la inseguridad contra la población de a pie.
El argumento de que no puede regresarse a los cuarteles a los efectivos militares que actualmente realizan tareas policiales es correcto, pero solo en parte. Efectivamente, retirarlos de un plumazo de las labores que realizan desde hace dos sexenios no solamente sería inviable, sino que pondría en riesgo la propia seguridad nacional.
Pero contrario a lo que se planteó en campaña y a contracorriente de las recomendaciones y solicitudes de organismos civiles de defensa de derechos humanos y hasta de la propia Organización de las Naciones Unidas, lo que se pretende no es un retorno paulatino de las milicias a las labores que sí les son inherentes –como la defensa de la soberanía y el territorio nacional, así como las tareas de apoyo a la población en caso de desastres- mientras se prepara una policía civil eficiente, renovada y desprovista de vicios y corrupción, como es la bandera del actual régimen. No.
Lo que se propone es militarizar por completo la seguridad pública y elevar esa condición a rango constitucional. Y por si fuera poco, sin tomar en cuenta las voces que se manifiestan en contra y que piden ser escuchadas. Pues organizar foros con organismos civiles mientras al mismo se lanzan convocatorias de reclutamiento para la Guardia Nacional es una tomadura de pelo.
La militarización va. Y con el estado de Veracruz por delante.
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