Luis Farías Mackey
Democracia y demoscopia son cosas diversas. La primera construye mayorías y es utilizada como método de decisión plural; la otra estudia pareceres y comportamientos a través de sondeos muestrales de opinión.
El voto, instrumento privilegiado de la primera, es un derecho y una obligación bajo la característica de igualdad —cada voto vale lo mismo—, personal, libre e intransferible. El voto deriva de la ciudadanía y ésta de la pertenencia a un colectivo llamado Estado-Nación, en donde sólo a sus integrantes les asiste el derecho y la obligación de decidir sobre los asuntos públicos.
Los partidos son organizaciones de ciudadanos, concitados para procesar y encauzar su participación política en el quehacer colectivo. Es decir, son instrumentos para que los ciudadanos ejerzan ordenada y organizadamente sus derechos políticos. En consecuencia, los partidos son los primeros obligados a reconocer, respetar y potencializar los derechos de sus militantes; ello explica que la ley proteja los derechos políticos del ciudadano al interior de los partidos y obligue a éstos a regir su vida interior democráticamente.
Detengámonos un momento aquí. ¿Es lo mismo democráticamente que demoscópicamente? No.
La demoscopia pregunta a ciertos perfiles —edad, género, nivel económico y educativo, y ubicación geográfica— y números de personas para proyectar de esa muestra resultados estadísticos. Mientras que en la democracia todos, sin excepción, tienen derecho a votar, en igualdad de circunstancias y nadie más lo puede hacer por ellos, intransferibilidad de los votos.
Votar es una decisión, opinar es una consideración. El voto vincula, la opinión únicamente expresa un parecer.
Si la vida interna de los partidos debe regirse democráticamente y esto constituye un derecho ciudadano de sus militantes, cómo puede sostenerse que la democracia se surte cuando sólo se le pregunta a una muestra de ellos y no a todos sus derechosos.
No es, pues, sólo un problema de método, sino de derechos. La encuesta discrimina a todo aquel a quien no se consulta; la encuesta expresa un número estadístico, no una voluntad mayoritaria; a través de la encuesta no se ejercen derechos, sólo se consultan opiniones. Que una mayoría muestral de unos cientos o miles de personas opine a favor de tal o cual aspirante a una candidatura no constituye democracia alguna y sí deja inconsultos a la verdadera mayoría titular del derecho a votar.
A mi juicio, al seleccionar candidatos por encuesta no se está ante un método democrático, no hay plena participación ciudadana, no se ejerce el voto, ni se respeta los derechos ciudadanos y partidarios. No hay, tampoco, selección propiamente dicha, hay una medición estadística de opiniones, no decisión que valga en sus méritos ni vincule en sus consecuencias.
Es difícil poder defender la encuesta como método democrático, más cuando la democracia es un proceso público en público, a los ojos de todo mundo, incluso ante observadores electorales, y nadie sabe quién hace las encuestas, dónde, cuándo, con qué metodología y, por sobre todo, se reserva su información alegando derechos del partido que en esta ecuación no es el derechoso, sino el obligado en tanto ente de interés público de orden constitucional.
Los creyentes del encuestismo son eso, no demócratas.
