Moisés Sánchez Limón
Por aquellos días cuando la rimbombante cuanto inútil bandera de la Renovación Moral de la Sociedad ondeaba en Los Pinos, corría una broma de doble vertiente, en torno a Miguel Mancera Aguayo, a la sazón director del Banco de México, del que luego sería primer gobernador merced a la reforma que dio autonomía al llamado Banco Central.
–¿Saben que hace Miguel Mancera con sus trajes viejos?—preguntaba un alto funcionario en reunión de gabinete.
–¡No!–, era la respuesta general.
–¡Se los pone!—acotaba el indiscreto y ocurrente funcionario.
Y se consideraría que, por ello, el jefe del Banco Central era ejemplo de una vida fincada en la medianía, honesto y sin galas de banquero de pedigrí. Nadie ha puesto en entredicho su honestidad, acaso lo del traje implica tacañería.
Lo cierto, es que por lo menos en su tránsito por el sistema bancario nacional, privado y estatizado, sólo fue víctima de ese bullying de la alta burocracia. El 18 diciembre próximo cumplirá 85 años, retirado del bullicio y de la falsa sociedad.
¿Cuántos de los invitados al acto del lunes último en Palacio Nacional puede presumir estar vacunado contra la corrupción? Quien esté libre de toda culpa –invocaríase–que arroje su primera “mordida”, “cochupo”, “diezmo”, “entre” o “moche”, en este México nuestro, asiento de la trasnacional Corrupción S.A. ¿Somos o no somos?
Dos presidentes de la república han pedido perdón a los mexicanos por asuntos de injusticia y corrupción.
José López Portillo y Pacheco, el 2 de diciembre de 1976 cuando rindió protesta como Presidente de la República pidió perdón a los mexicanos pobres, a los olvidados por la situación en que se encontraban; seis años después incluso lloraría de impotencia: había crecido el número de pobres y miserables, su administración no les había hecho justicia y, lo peor, el país estaba en bancarrota y los capitales golondrinos volaban hacia paraísos fiscales y dejaban la arcas vacías.
La médula del gobierno de don Pepe se nutrió de corrupción; de su gabinete salieron nuevas y robustas fortunas, su parentela y amigos se enriquecieron sin rubor alguno, pero a prisión sólo fueron unos cuantos notables, Arturo Durazo Moreno y Everardo Espino de la O., entre ellos, cuando Miguel de la Madrid Hurtado puso en marcha su slogan de campaña “La renovación moral de la sociedad”, que se quedó en buenos deseos en la lucha contra la corrupción.
El lunes pasado, otro presidente, Enrique Peña Nieto, no ofreció disculpas, pidió perdón a los mexicanos por los agravios e indignación provocada por aquel escándalo que implicó acto de corrupción con la llamada Casa Blanca – residencia sita en la calle de Sierra Gorda en Lomas de Chapultepec–. Sí, fue un escándalo.
Peña Nieto aseguró que su gobierno está más convencido y decidido a combatir la corrupción y promulgó, en un acto celebrado en Palacio Nacional, las siete leyes que integran al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que mirarnos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República”, puntualizó el mandatario en este capítulo acotado en el Patio de Honor de Palacio frente a un selecto grupo de mexicanos que tienen que ver con las leyes y la justicia.
Puntual, 34 años después de aquel intento fallido de frenar, combatir y abatir a la corrupción cuya raíz estaba y ha estado en el sector público y prohijada por el privado, los particulares, ciudadanos que cierran el círculo de la corrupción como un mal endémico que es connatural a la humanidad, Peña Nieto asumió:
“Los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a Derecho con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto reconozco que cometí un error”.
Pidió perdón y admitió que, no obstante que su actuación estuvo apegada a la ley, “este error (el de la Casa Blanca) afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”.
Vale referir el mensaje presidencial por sus alcances y sus graves y deplorables antecedentes, por cierto en el punto de que en México “habrá un antes y un después de este sistema” y se trabajará para erradicar “los abusos de quienes no cumplen con la ley, de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos que se desempeñan de forma íntegra y honesta”.
En diciembre de 1982, entre los primeros actos de su naciente gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado decretó la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) y al frente de ésta designó a su amigo, el Contador Públicos Francisco Rojas Gutiérrez, con calidad de fiscal anticorrupción que iría tras peces gordos, tiburones corruptos; investigaría el rumbo que tomaron dineros públicos cuyo gasto no tenía sustento.
Solo que esa dependencia transitó con el cambio de siglas, en el reinvento sexenal de la oferta de campaña, y se aplicaron venganzas contra enemigos políticos, soportadas en expedientes de sospechosa legalidad en los que se acusaban ilegalidades cometidas por el chivo expiatorio en turno. Francisco Barrio Terrazas, al frente de la ya entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, fanfarroneó con salir a pescar peces gordos pero fracasó en el intento. Terminó por irse de embajador de México en Canadá.
Así llegó a la era panista en el poder y fue el mismo gatopardo y mentir con la verdad en actos justicieros que, en el pasado mediato, tuvieron a la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León a un maestro en el uso del poder del expediente judicial para cobrar venganza política.
Y la corrupción se mantuvo como sello de los mexicanos de todos los niveles sociales, aunque unos llamados de cuello blanco y los otros simples rateros.
Las camadas de nuevos ricos fueron, apenas apaciguados los ánimos revolucionarios, los prohombres de clase media, los letrados, licenciados y amanuenses que guardaban secretos de Estado, los que salieron de esos gobiernos de generales y luego de civiles que, con Miguel Alemán Valdés, habían inaugurado el sistema de la exquisita forma de hacer negocios con el porcentaje de las compras a particulares.
En el poder, las conciencias letradas, los abogados y administradores universitarios de la mano de los hijos de funcionarios públicos irrumpieron en los cargos de la alta burocracia cuando no integrantes de los gabinetes post revolucionarios que emparentaron con las familias de alcurnia venidas a menos pero dueñas de los apellidos de prosapia que compraban status y prohijaban la corrupción mediante jugosas partidas en la adquisición de multimillonarios contratos y licitaciones de obra pública.
¿La corrupción somos todos? Sin duda.
Por eso, más allá del emotivo mensaje presidencial, es deseable, entonces, que este compromiso de combatir a la corrupción en todos los niveles de gobierno, en todos los sectores y actividades de la vida nacional sea un hecho, que estas siete leyes reformadas que integran al Sistema Nacional Anticorrupción, prosperen y se apliquen sin reticencias y despojadas de las brochas de la impunidad. De otra suerte, será como el perro que se persigue la cola en un círculo interminable de corrupción. Conste.
MIÉRCOLES. Apenas ungida Alejandra Barrales lideresa del PRD, uno de los prohombres del perredismo aireó sus diferencias. Pablo Gómez renunció a la representación perredista en el Consejo General del INE, en desacuerdo por la unción de Barrales Magdaleno, dizque porque es la cabeza de playa de Miguel Ángel Mancera para apropiarse de la candidatura del perredé a la Presidencia de la República en 2018. Lo dicho: la izquierda no llega al poder porque la izquierda se lo impide. Digo.
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