Moisés Sánchez Limón
Por aquellos días de severa crisis económica con todo y estatización de la banca, un grupo oficioso, en éste un periodista que presumía independencia y pulcritud, acercó al entonces presidente José López Portillo una propuesta de reforma al artículo sexto constitucional con pretensiones de censura que al final quedaría en un decreto que modificó al Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.
El objetivo era descalificar a las publicaciones incómodas, las críticas del sistema y, sobre todo, del Presidente de la República, entonces López Portillo cuya frase “no te pago para que me pegues”, evidenció los grandes acuerdos económicos con directores de los poderosos diarios e influyentes columnistas que se hicieron millonarios al amparo de esa relación perverse.
Al final de cuentas dirías en la cínica consideración de que quien esté libre de culpa que arroje su primer embute, cuando este mecanismo se satanizó para calificar de corrupto al último eslabón de esa cadena de intereses bastardos que negaban buenos salarios a los reporteros bajo la consideración de que el gobierno era una especie de patrón sustituto.
En fin. López Portillo se fue entre la descalificación popular y no pudo cuajar, incluso, la primera intención de reglamentar al sexto constitucional que concluyó con un revés en Durango, en una ceremonia encabezada por el entonces presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Luis Marcelino Farías.
Fue el intento de la Ley Mordaza que luego Miguel de la Madrid impulsó para acallar a la prensa crítica.
Y casualmente, en ese intento de De la Madrid Hurtado participó ese periodista de avanzada, quien hasta su muerte evitó hablar de las razones que lo llevaron a apoyar la intención presidencial de ir más allá de la tipificación del delito de deslealtad para acuñar el delito de daño moral que tenía graves implicaciones persecutorias y de sanciones de tal naturaleza que al reportero lo llevaría a prisión y al diario o medio de comunicación electrónico, al cierre por el monto de las multas.
En aquellos días, Ariel Ramos Guzmán era subdirector general de El Universal y, en una charla personal escuchó los planteamientos que le hice, respecto de los riesgos que entrañaba la ya para ese momento bautizada Ley Mordaza, impulsada por el presidente Miguel de la Madrid y un puñado de diputados y senadores.
¿Qué quieres hacer?, me preguntó Ariel. Primero le pedí su apoyo para publicar un desplegado en el que convocaría a reporteros de todos los diarios, televisoras y estaciones de radio, agencias y publicaciones para manifestarnos contra esa iniciativa que estaba en vías de ingresar al Congreso de la Unión.
Junto con Luis Enrique Mercado, hoy puedo decirlo públicamente, elaboramos el desplegado –que por ahí debe andar en la hemeroteca—y nos dimos a la tarea de convocar vía telefónica a los colegas. Ariel me dijo: “Tienes una plana del periódico para que hagas lo que quieras en defensa del diario y de los reporteros”.
Hablamos a todos los medios e hicimos hincapié en que se trataba de la invitación a reporteros para una concentración en el Senado y luego marchar hasta la hoy llamada Plaza de la Libertad de Expresión, donde se erige la figura de Francisco Zarco Mateos.
Por supuesto que un requisito fue que nadie asumiría liderazgo alguno y que se reservaría la identidad de los convocantes. Fuimos Luis Enrique Mercado Sánchez y este reportero los autores de esa campaña que concluyó con la marcha atrás de la Ley Mordaza. En la Presidencia de la República hubo temor a un encontronazo con los medios de comunicación en momentos de crisis.
Debo referir que ubiqué a ese colega, ¿?, que se había prestado a elaborar la propuesta de Ley Mordaza junto con amanuenses oficiosos y oficiales, cuando solicité el apoyo a la publicación del desplegado y la convocatoria a la concentración y la marcha.
–Dime quiénes encabezan el movimiento, o no firmo—amagó.
–Nadie lo encabeza y no me interesa la firma del periódico, porque la firma es de los reporteros y de tu periódico todos firmaron–, le respondí.
Este colega ya se adelantó y no podría publicar su nombre porque a los muertos los juzgan en otro lado. Lo cierto es que en estas pretensiones de censura siempre hay oficiosos. ¿Quién operó en los famosos ocho lineamientos de la Instituto Federal de Telecomunicaciones?
Bien por el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales; bien por el Presidente de la República que hará uso de la facultad de veto para echar atrás a esa ñoña y bárbara pretensión de censurar a la prensa mexicana. Mejor por los recursos de inconstitucionalidad que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará visto bueno y resolverán conforme a derecho
La primera intención con López Portillo no prosperó en los términos planteados porque el entonces Presidente determinó que se quemara y no dejar huella de un atentado a la libertad. Palabras más, palabras menos, López Portillo ordenó “desháganse de esos papeles porque si caen en manos ajenas nos queman vivos”.
Esa idea de acallara a la crítica es de mentes retrógradas, las del poder que busca complicidades y aspira a la impunidad. Conste.
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