Moisés Sánchez Limón
De las iniciativas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión para reformar el artículo cuarto constitucional y el Código Civil Federal, hay reacciones poco discrepantes; privan más las de apoyo que aquellas de doble moral o de suyo contrarias por propia formación ideológica.
Diríamos que las buenas conciencias mantienen su status y el resto que andaba en la dispersión de convicciones morales ayunta opiniones en un solo sentido.
No es sencillo insertarse en una época que abate animadversiones y, sobre todo, atavismos en materia de preferencias sexuales. Y es que pensar diferente no implica ser diferentes en términos de sociedad; cada quien su vida, sí, pero todos en la unidad de respeto a esa privacidad que la conciencia popular asume como “salir del clóset”.
Por eso, aun cuando el nuevo milenio trajo aparejados conceptos sociales que terminaron por romper el status quo, o lo que llamaban desde el periodo decimonónico el stablishment victoriano, y los movimientos gay, lésbicos, transexuales y todos estos etcéteras que entrañan diferencia subrayada frente a lo conocido y asumido como “normal” traspusieron alcobas y recintos cerrados para dejar de ser materia de escarnio y, sobre todo, discriminación, México ya no era el mismo país de los movimientos hippies y del peace and love que husmeaba en estos terrenos de lo prohibido por la sociedad anquilosada en el conservadurismo.
Hoy, dicen puerilmente las buenas conciencias que por ahí deambulan, amparándose en un concepto político para ocultar la denostación o su contrariedad contra esas iniciativas presidenciales, que se trata de una cortina de humo tras la cual se ocultarán aviesas intenciones oficialistas para ocultar problemas graves, severos en el país o, de plano, desinflar el encontronazo que implica el proceso electoral, con el amago de anular por lo menos tres elecciones y que el PRI evite la derrota en media docena de las entidades cuyos gobiernos están en disputa.
Lo cierto es que, finalmente, un Presidente de la República se despojó de aquellos atavismos, tabúes indignos y excluyentes, que daban el status de ciudadanos de segunda o tercera a quienes tienen una preferencia sexual diferente, es decir, que son homosexuales, lesbianas, transexuales y, por ello, debían divertirse en sitios ex profeso para ellos, porque las buenas conciencias, las de doble moral, le veían con recelo y trataban discriminadamente en los espacios para “la gente normal”.
Habrán de seguir las críticas, indudable; las renuencias incluso de partidos políticos y organizaciones civiles contrarias a esas propuestas de reforma legal enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto, mas el tema ya no tiene retorno y, por supuesto, ni siquiera habrá de ser sometido a uno de esos procesos en los que se pierde el tiempo, se gastan millonadas y sólo sirven para expiar culpas ajenas y de tribuna de protagonistas.
Bien, entonces, que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se haya declarado lista para analizar de inmediato la iniciativa del Ejecutivo federal sobre el matrimonio igualitario.
Mire usted, el presidente de dicha Comisión, el diputado federal perredista Daniel Ordóñez Hernández, dijo que convocará a la brevedad a los integrantes de esta instancia para avanzar en el tema.
Habrán de prosperar por mayoría, las dos iniciativas, una que reforma al artículo 4 de la Constitución, para asentar el derecho al matrimonio igualitario, sin distingo de orientación sexual, y el Código Civil Federal, en el que se reconocerá a personas con cambio de identidad sexual en actas de nacimiento y pasaportes.
Y, por si alguien dudaba del procedimiento, sólo hay que recordar que el dictamen relativo a la reforma a la Constitución fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el que modifica el Código Civil Federal, a la Comisión de Justicia.
Ordóñez Hernández previó que, de aprobarse la iniciativa, “será un duro revés a los grupos conservadores nacionales que han pretendido prohibir este tipo de uniones que –de acuerdo a sus creencias teológicas y a sus propios valores morales– ven como no convenientes y han influido en los congresos locales”.
La discrepancia se plantó de inmediato, con la diputada panista Cecilia Romero Castillo, quien advirtió que se tiene que respetar la esencia de las instituciones sociales como el matrimonio y la familia. Pero no se niega a proceder con estas reformas propuestas por el presidente Peña Nieto. Una buena. Conste.
VIERNES. Insultante. Los bomberos mexicanos son los peor pagados y equipados de América Latina, denunció la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB). En reunión con diputados de la Comisión de Protección Civil, que preside María Elena Orantes, el líder de esta agrupación, Adolfo Benavente Duque explicó, que en México existen 496 cuerpos que prestan este servicio, pero 318 son asociaciones civiles que surgieron de la iniciativa ciudadana o privada. En conjunto, estos organismos cubren únicamente el 20 por ciento de los municipios del país y, a veces, atienden los llamados de cuatro o cinco municipios, o bien, hasta a 100 kilómetros a la redonda.
Dijio que de los 14 mil 251 bomberos de la República mexicana, cuatro mil 524 son voluntarios, es decir, no perciben ningún salario. Tres mil 970 gozan de sueldo de particulares y cinco mil 757 lo reciben por parte de las autoridades estatales o municipales; sin embargo, en estados como Chiapas, un bombero gana sólo tres mil pesos al mes.
Ante ello, la presidenta a de la Comisión de Protección Civil, la diputada ciudadana María Elena Orantes López, aseguró que se atenderán las demandas de los bomberos, a fin de lograr mayores recursos que puedan cubrir sus necesidades inmediatas.
Y es que, reprochó, “no es justo que, siendo los bomberos los primeros en acudir cuando hay incendios, sequías e incluso cuando tienen que auxiliar a algún animal, perciban salarios que parecen más un insulto”. Orantes procederá, sin duda, procederá. Digo.
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