La autocrítica, cuando se ejerce con absoluta honestidad puede y debe arrojar como consecuencia uno de los más trascendentes e importantes actos de la vida. Alguien debería decirle ello a quienes encabezan los Poderes de la Unión, resultaría ser una práctica muy sana para nuestro México, la consecuencia de esa autocrítica sería definitoria para enmendar errores, deslices, traspiés, injusticias, omisiones o yerros graves, que de otra suerte, difícilmente se corregirían.
En ese orden de ideas, debo y tengo que expresar –por ser la única verdad- que muchos de los proyectos vinculados para mejorar la justicia, abatir la corrupción e impunidad, mejorar la seguridad en ésta Cuarta Transformación e incluso en la época del neoliberalismo es y fué manejada con una definida insensibilidad política y jurídica.
De hecho, en medio de tanto escándalo, del abominable espectáculo que día con día vivimos, con toda la Nación al pendiente de que los Tribunales de Justicia decidan si los políticos de ayer y hoy y sus más íntimos colaboradores, los cuales organizaron una verdadera cuadrilla de delincuentes que saquearon a la Nación y se dedicaron a la narcopolítica, financiando empresas petroleras con nuestro dinero, desviando enormes fortunas de los sindicatos para provecho de unos cuantos, corrompiendo a sus colaboradores, aprovechándose de la información propia de oficinas de Seguridad Nacional que trajeron como consecuencia el enriquecimiento de unos cuantos, prostituyendo a nuestra justicia para obtener impunidad, etc., etc., en éste momento actual nuestra Carta Magna solo parece ser una esfinge de lujo, un documento histórico, un libro sin sentido.
Si en verdad queremos cambiar el sentido de lo que acontece en éste México, tendremos que recurrir únicamente a las resoluciones jurídico-políticas precisas para atajar, sancionar, evitar y depurar lo que hace tiempo era obligación del Estado haber depurado, sancionado y evitado. Ni el gobierno neoliberal, ni la oposición que nació en su contra han efectuado remedios empleando la Carta Magna contra de la injuria perpetrada a nuestra Nación. Nuestro dinero, el dinero de nuestra Patria, el dinero de nuestro México, de nuestras escuelas, de los hospitales, de los proyectos sociales, el dinero de todos los mexicanos lo tienen los delincuentes del poder que saquearon nuestros tesoros. La Cuarta Transformación en estricta justicia tiene la obligación de recuperarlo, sin embargo ello no parece afectar demasiado a la inmensa mayoría de la clase política y jurídica a cargo de los actuales Poderes de la Unión.
Frente a todas esas miserias institucionales, se encuentra sola e inerte la justicia, por desgracia paralizada, ignorada, despreciada, acosada y acribillada de criticas, presiones, consejos, reformas y carente de contrapoder limitación y control del poder. Una justicia demasiado acostumbrada a la cultura de la resignación, la reverencia ante la delincuencia del poder del narcotráfico, de lo cuál se aprovechan los políticos que siguen estimando ser inmunes porque gozaron y siguen gozando próvidamente de inmunidades y privilegios concebidos como pago de sus servicios al Estado.
Ha sido y es precisamente la Seguridad del Estado el pretexto que se blande con mayor insistencia para la justificación, comprensión o explicación de sus tropelías delincuenciales perpetradas en la época del neoliberalismo.
No se puede obviar una realidad Lozoya Austin, no es nadie comparado con otros, comparado con la narcopolítica que prostituyó a nuestra justicia, comparado con el cónyuge de una prostituta de lujo. Ayer jamás se les pudo haber sancionado porque contaban con la venia o complicidad de amplios sectores de la opinión pública y de los propios estamentos políticos y/o institucionales. Confiaban porque podían confiar en la inhibición o parálisis de los entes e instituciones encargados de prevenir, controlar, evitar, investigar y sancionar tanto desmadre, tanta inmundicia, tanto excremento.
Retomando el tema, debe de sostenerse que la autocrítica en mucho ayudaría a los destinos de ésta Cuarta Transformación.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
