Javier Peñalosa Castro
Desde el inicio de este sexenio, aparentemente el gobierno dio por perdidos los recursos energéticos que la Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas restituyó a los mexicanos. A raíz de la cacareada reforma energética se concesionó a empresas extranjeras la exploración y explotación de nuestra riqueza energética, al tiempo que seguimos importando gasolinas y otros combustibles a precio de oro y con la postura invariable de exportar petróleo curdo e importar sus derivados.
El más reciente movimiento sísmico en la economía mexicana se dio a raíz del aumento indiscriminado de los precios de las gasolinas; el famoso “gasolinazo”, que ha causado a la economía un daño mucho mayor que los amagos de Donald Trump. Esta medida disparó la inflación, hizo que el dólar se fuera hasta las nubes en su cotización frente al peso y pulverizó el ya de suyo magro poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
En este contexto, llama poderosamente la atención la forma en que han proliferado los tristemente célebres “chupaductos” o “huachicoleros”, que no son sino bandas organizadas de ladrones de combustible que operan en colusión con directivos y trabajadores de Pemex, autoridades estatales, municipales y todas las policías.
De tanto leer o escuchar noticias sobre la cotidiana exacción de este recurso en numerosas regiones del país, la sociedad ha terminado por aceptarlo, o al menos por acostumbrarse a que esto ocurra.
Durante todos estos años, la “ordeña” de ductos se llevó a cabo de manera esporádica y discreta. Sin embargo, a últimas fechas, y muy probablemente con el estímulo de los altos precios de la gasolina, la sed de los grupos que se dedican a esta actividad parece no tener límite.
A tal grado ha llegado el problema, que esta semana se ordenó al Ejército actuar contra algunos de los “huachicoleros” más activos, lo cual derivó en un sangriento enfrentamiento, con un saldo de 10 muertos, entre soldados y delincuentes, y en la proliferación de protestas por parte de las familias que, a falta de oportunidades de empleo, tienen en esta actividad una fuente de ingresos que les ayuda a ir capeando el temporal.
Los “huachicoleros” operan en varias regiones del país; sin embargo, destaca especialmente su actividad y su presencia en el estado de Puebla, en una región formada por zonas de los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo, y el enfrentamiento con el Ejército se dio precisamente en esta zona, en un tramo de la autopista Puebla – Orizaba.
Tuvieron que pasar muchos años antes de que el régimen actual se animara a combatir, o cuando menos amagar de forma seria a estas bandas de criminales, que han consolidado su poder en la región y que, debido a la falta de presencia del Gobierno para ayudar a la población más desprotegida, han ganado adeptos y defensores entre los habitantes de las comunidades en las que tiene lugar el robo de combustible.
El combate a este tipo de ilícitos es impostergable. Sin embargo, y como lo probó la ineptitud del mínimo Felipe Calderón, los enfrentamientos armados no sólo no son la solución, sino que cobran una cuota de sangre que no debemos estar dispuestos a pagar.
La solución pasa por la atención a las comunidades de esta región que, como muchas otras del sur del país, tiene enormes necesidades y requiere todo tipo de apoyos para solucionarlas o al menos paliarlas. Pero aparentemente eso no es políticamente rentable, y lo que vendrá será un recrudecimiento de la violencia, caracterizado por operativos vistosos para divulgar a través de los medios, al tiempo que estos grupos continúan operando en la casi absoluta impunidad.
Hay que preguntarse quién tolera e incluso protege a estos grupos criminales perfectamente organizador; ¿Quiénes fungen como “halcones” para que sustraigan el combustible que tanto cuesta importar? Y, por supuesto, quiénes se encargan de comercializar la mercancía robada y quiénes son sus principales clientes. Sólo si se establece un cerco alrededor de todos los que participan en este rentable negocio será posible terminar con esta actividad criminal que tan costosa resulta, no sólo en términos de dinero, sino de vidas, de descomposición social y de inseguridad.
¿Existirá realmente la voluntad por parte del gobierno de Peña Nieto o el enfrentamiento del jueves 4 de mayo será sólo un acto más de relumbrón para tratar de convencernos de que el aparato de Estado funciona?
