Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para tramitar visados de inmigración en sus embajadas y consulados de todo el mundo, mientras el Departamento de Estado desarrolla una “iniciativa de formación global” para sus funcionarios consulares.
Un portavoz de la dependencia confirmó que el programa comenzó en agosto y explicó que las citas se “ajustarán” para permitir la capacitación. El gobierno estadounidense no ha informado cuánto tiempo permanecerá vigente la medida.
El entrenamiento busca que los funcionarios rechacen solicitudes de personas de quienes se sospeche que planean establecerse en el país para depender de servicios públicos. “Unos Estados Unidos más prósperos significan que no tiene que ser probable que los solicitantes de visado vayan a convertirse en una carga pública”, indicó el portavoz, con base en las leyes y reglamentos estadounidenses.
La decisión se produce después de que el Departamento de Estado anunciara la cancelación de hasta 200 mil visados de trabajo o turismo de personas que entraron a Estados Unidos con esos permisos y posteriormente solicitaron asilo o iniciaron ese trámite.
La dependencia informó que trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar permisos de no inmigrante.
Tommy Pigott, portavoz jefe del Departamento de Estado, explicó que la medida está dirigida a extranjeros que llegaron como visitantes de corta duración y después solicitaron asilo para permanecer de manera permanente.
Christopher Landau, número dos de la dependencia, respaldó la decisión en redes sociales y afirmó que el asilo no debe utilizarse como una laguna para evadir la ley migratoria.
La revocación de los visados no implica necesariamente la deportación de las personas afectadas. Quienes mantienen solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificados en su estatus migratorio y perder la condición de viajeros o visitantes de negocios.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, su gobierno ha aplicado restricciones a la inmigración legal e ilegal, además de una campaña de deportaciones masivas.
Entre las medidas figuran nuevos requisitos de información personal, incluido el acceso a las redes sociales de los solicitantes, así como la previsión de reducir el periodo de estancia para algunos titulares de visados, entre ellos estudiantes y periodistas.
La política también contempla prohibir la entrada a ciudadanos de 75 países, reducir los permisos temporales conocidos como TPS y recortar casi por completo las nuevas solicitudes de asilo.
En julio, el ICE detuvo a casi 49 mil 600 personas, 15% más que en junio y la cifra más alta del segundo mandato de Trump, según datos oficiales citados del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.
Varias medidas han sido impugnadas ante tribunales. Una corte bloqueó la detención de inmigrantes cuando acudían a citas judiciales para regularizar su situación, mientras otros jueces ordenaron liberar a personas detenidas de forma irregular.
La semana pasada, un tribunal de Nueva York anuló la prohibición de emitir visados de inmigración a ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Guatemala y Colombia.
En cuanto a las visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros altamente cualificados, un juez federal declaró ilegal en junio una tarifa temporal de 100 mil dólares o más. El caso continúa en un tribunal de apelación y la medida debía expirar en septiembre.
Este lunes, el Registro Federal publicó una propuesta para elevar de forma permanente el costo a 103 mil 265 dólares.
