Autoridades de Estados Unidos revisarían posibles vínculos entre gobiernos estatales y organizaciones criminales en Michoacán, Colima, Tlaxcala y Guanajuato, de acuerdo con una columna del periodista Jesús Lemus publicada por PolíticoMX.
El texto plantea que las indagatorias estadounidenses se habrían extendido a entidades donde existen disputas por rutas, puertos, combustible y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.
La situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es presentada como el punto de partida para revisar posibles relaciones entre gobiernos estatales y grupos delictivos. Según la columna, el financiamiento ilegal de campañas serviría para obtener influencia territorial, protección institucional y acceso a operadores políticos.
En Michoacán, el análisis refiere que informes de inteligencia de Estados Unidos y señalamientos de fiscales apuntarían a que, durante la elección de 2021, Alfredo Ramírez Bedolla habría operado una estructura de financiamiento criminal para apoyar la movilización electoral a cambio de protección.
El gobernador michoacano también aparece en el radar estadounidense por el crecimiento de la presencia territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad. Ramírez Bedolla ha reconocido que autoridades de ese país investigan a alcaldes de Michoacán, aunque señaló que esas indagatorias no están confirmadas en todos los casos.
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, es mencionada por la importancia estratégica de Manzanillo, considerado uno de los principales puertos aduaneros del país. De acuerdo con la columna, autoridades estadounidenses revisarían posibles esquemas de financiamiento político relacionados con el huachicol fiscal y otras actividades criminales vinculadas con la operación portuaria.
En el caso de Tlaxcala, el columnista ubica a la gobernadora Lorena Cuéllar entre las mandatarias que estarían bajo investigación en Estados Unidos por un presunto esquema de financiamiento electoral relacionado con redes dedicadas al robo de combustible.
La columna también menciona a Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato por Acción Nacional, ante una posible investigación sobre el traslado de recursos provenientes de redes ilegales de combustible hacia estructuras políticas locales.
El texto señala que Guanajuato ha sido escenario de disputas por el control del huachicol y el narcomenudeo, principalmente entre el CJNG y grupos criminales locales.
El periodista sostiene que el presunto financiamiento criminal no respondería a una sola filiación partidista, sino al interés de grupos delictivos por obtener protección y capacidad de operación en distintos gobiernos de México.
En el material también se menciona que el periodista Jesús Esquivel ha señalado la participación de pandillas, redes de distribución y corrupción dentro de Estados Unidos como parte del problema.
