“Es una traicionera”: estalla acusación contra Maru Campos por detención de exfiscal ligado a operativo de la CIA

El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, enfrentará en libertad un proceso penal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó formalmente de traición a la patria por presuntas omisiones en un operativo con agentes de la CIA.

Jáuregui fue detenido el sábado y, durante una audiencia celebrada el domingo, el juez Alberto Simental determinó que podrá continuar el proceso fuera de prisión bajo diversas medidas cautelares.

Entre las condiciones impuestas están presentarse cada 30 días ante el Tribunal de Justicia, entregar su pasaporte y visa estadounidense, además de abstenerse de acercarse a los testigos involucrados en el expediente.

El caso está relacionado con un despliegue realizado el 19 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales desmantelaron un narcolaboratorio con la presunta participación de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

La investigación federal también involucra a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, contra quien se libró una orden de aprehensión por el mismo delito.

De acuerdo con el expediente de la causa penal 408/2026, radicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, la FGR reunió testimonios y peritajes que apuntan a la participación activa de agentes estadounidenses en el operativo.

Las declaraciones ministeriales señalan que los integrantes de la CIA no sólo observaron las acciones de las fuerzas estatales, sino que habrían participado armados en desplazamientos tácticos, con armas largas, pasamontañas y dispositivos electrónicos para consultar coordenadas. Entre los agentes extranjeros identificados aparecen Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

El policía Martín Abad Leal Tapia, del Grupo de Operaciones Tácticas, declaró que los estadounidenses participaron en las caminatas operativas y se coordinaban con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). “Había dos personas que siempre estaban encapuchadas y no hablaban para nada, ninguna palabra decían y estaban en un lugar apartado del campamento de los demás. Nosotros no teníamos acercamiento con Oseguera y su equipo, ni nos permitían acercarnos…”

Por su parte, el agente Ricardo Faustino Campos Ocón aseguró que observó a personas que hablaban inglés entre quienes acompañaban al jefe Oseguera y que los extranjeros salieron integrados al convoy desde las instalaciones de la fiscalía en Chihuahua capital.

Uno de los principales señalamientos de la FGR es que el despliegue habría ocurrido sin una carpeta de investigación ni documentación que justificara legalmente su realización. Un dictamen de Criminalística de Campo, firmado el 11 de septiembre de 2026 por Araceli Bravo González, estableció que las fuerzas participantes “no contaban con fundamento alguno que justificara su actuación, ya que no hay dato que refiera que existía carpeta de investigación iniciada, y/o alguna diligencia que facultara o explicara la necesidad de la actuación del personal para el citado operativo”.

El Centro Nacional de Inteligencia identificó posibles conductas relacionadas con abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. La Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de la planeación táctica mediante un oficio en el que precisó que sólo proporcionó seguridad periférica a petición de la fiscalía estatal.

La indagatoria también incluye registros de geolocalización y videovigilancia sobre la presencia de agentes extranjeros en instalaciones oficiales. Según un peritaje informático, un Volkswagen Jetta rentado por Richard Leiter Johnston III ingresó al Complejo Estatal de Seguridad Pública el 16 de abril de 2026, a las 9:54 horas, y permaneció ahí hasta las 21:40 horas del 19 de abril.

Otro elemento del expediente corresponde a un accidente durante el despliegue, cuando una camioneta Ford F150 vinculada al director de la AEI volcó y después explotó por los bidones de gasolina que transportaba. De acuerdo con Martín Abad Leal Tapia, tras el hecho se habría ordenado no tomar fotografías ni divulgar información, presuntamente por instrucciones de Guillermo Zuany.

“Llegué al lugar del accidente con los demás, y como unos 20 minutos después, cuando los compañeros lograron conectarse a la red para tener comunicación, el escolta del jefe Oseguera, Isaías López, se hace cargo de la situación de momento y nos dijo a todos que, ‘de parte del jefe Zuany’, no tomen fotos, ni difundan información, que no informen nada de lo que pasó”, relató.

La detención provocó protestas de simpatizantes del exfuncionario. Su abogado, Luis Villegas Montes, acusó a la gobernadora Maru Campos por la situación de su antiguo colaborador: “Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una traicionera”.

Angélica Moreno, esposa del exfiscal, también cuestionó la actuación de la mandataria estatal. “Es una aberración de la Gobernadora”, declaró.

Los testimonios, registros vehiculares, grabaciones de seguridad y dictámenes periciales forman parte de las constancias ministeriales utilizadas por la FGR para sustentar la investigación contra los exfuncionarios de Chihuahua.