Rebaja de HR Ratings eleva alertas en Hacienda por Pemex y una eventual presidencia de Lenia Batres en la SCJN

La rebaja de la calificación de la deuda soberana de México por parte de HR Ratings generó preocupación en la Secretaría de Hacienda y en el entorno presidencial, donde no se esperaban nuevas revisiones durante el resto del año, de acuerdo con información sobre discusiones internas del Gobierno federal.

Tras conocerse la evaluación, integrantes de la cúpula gubernamental intercambiaron posturas sobre posibles ajustes a la estrategia económica. Entre los temas analizados estuvieron una redefinición del apoyo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) y medidas para reducir la incertidumbre relacionada con la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión de la calificadora mexicana ocurrió después de dos semanas de reuniones entre autoridades y empresarios, así como de anuncios de posibles inversiones. Con ello volvieron a discutirse las finanzas públicas, el bajo crecimiento económico y el respaldo financiero a Pemex.

“Existe un deterioro en los principales balances de las finanzas públicas”, advirtió HR Ratings en su comunicado. La agencia también señaló “una revisión a la baja de la trayectoria de crecimiento económico”.

HR Ratings calculó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.5% anual para los próximos años, por debajo del 2.5% considerado necesario para atender las presiones económicas del país.

Para el Gobierno federal, elevar el crecimiento se ha convertido en una preocupación ante las presiones presupuestarias derivadas de transferencias, subsidios, servicios personales y otros compromisos de gasto público.

El escenario coincide con advertencias de movilizaciones del sindicato petrolero, así como de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del magisterio.

Según las versiones sobre las discusiones dentro de Hacienda, uno de los principales obstáculos identificados es la incertidumbre que podría provocar un eventual arribo de Lenia Batres a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo año.

Funcionarios consideran que alcanzar un crecimiento de 2.5% sería complicado si se mantienen las dudas sobre la seguridad jurídica de las inversiones. En sectores empresariales, la preocupación atribuida a la ministra Batres se vincula con su postura favorable a revisar asuntos previamente juzgados, una posibilidad que, según estas versiones, podría desalentar nuevos proyectos de inversión.

La eventual llegada de Batres a la presidencia del máximo tribunal también genera inquietud entre funcionarios de Hacienda, quienes temen que desde Palacio Nacional se evite una confrontación política con su entorno familiar.

De acuerdo con la información difundida, la definición de ese cargo involucraría al oficialismo en la Cámara de Diputados, en un escenario donde las decisiones políticas podrían tener consecuencias sobre la confianza de los inversionistas.

Fuentes cercanas al secretario de Hacienda, Edgar Amador, compararon la situación con las recientes discusiones sobre una eventual candidatura de Andrea Chávez en Chihuahua y la relación del Gobierno con Adán Augusto López.

“Tenemos que confiar, hace unas semanas pensábamos que la presidenta, para no pelearse con Adán Augusto, iba a dejar que Andrea Chávez fuera la candidata en Chihuahua”, señalaron personas cercanas al funcionario.

Las versiones también indican que Lenia Batres mantiene aspiraciones relacionadas con la presidencia de la Suprema Corte, mientras impulsa políticamente a su hermano Martí Batres, quien buscaría organizar un equipo de estrategia, conocido como War Room, rumbo al proceso electoral de 2030.