La sabiduría de la decisión del gobierno federal de comprar 13 centrales eléctricas a la empresa española Iberdrola por aproximadamente US$6.000 millones ha sido cuestionada por dos expertos en energía que hablaron con el diario Reforma.
El Gobierno anunció el martes que había llegado a un acuerdo con Iberdrola para la compra de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico. El presidente López Obrador elogió el acuerdo como una “nueva nacionalización” de la industria eléctrica mexicana.
Carlos Flores, jefe de nuevos mercados de la empresa de energía solar Lightsource BP, y Rosanety Barrios, analista independiente de energía y exfuncionaria federal, coincidieron en que el precio de las 13 plantas es alto, dado que cerca de dos tercios de ellas llevan operando entre 10 y 25 años. Por lo tanto, las plantas tienen una vida útil limitada por delante, un promedio de 18 años, según el Ministerio de Hacienda.
“Desde una perspectiva económica, la transacción no tiene mucho sentido para el gobierno”, dijo Flores.
En la entrevista, Flores afirmó que el gobierno estaba pagando demasiado porque construir la misma cantidad de plantas nuevas “costaría alrededor de US$ 8 mil millones”.
Barrios describió la compra como una “indulgencia” dado que la mayoría de la electricidad que generan las plantas ya se vende a precio barato a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La mayoría de las plantas que el gobierno está comprando se consideran “productores de energía independientes” o PIE, pero los contratos los obligan a vender su energía a la CFE. “La verdad es que estas plantas ya eran de la CFE”, dijo Barrios.
El analista dijo que «sería mejor» que el gobierno comprara o construyera nuevas plantas en lugar de las que ya han estado en uso durante años.
El presidente López Obrador dijo que la compra, que el gobierno pretende completar a través de un administrador de activos privado llamado Mexico Infrastructure Partners, aumentará la participación de CFE en el mercado de generación de electricidad de poco menos del 40% al 55,5%.
Sin embargo, un grupo de expertos con sede en la Ciudad de México cuestionó esa afirmación, así como la declaración de “nacionalización” del presidente.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la mayoría de los fondos para la compra provendrán del Fondo Nacional de Infraestructura del gobierno y otras instituciones públicas, pero afirmó que debido a que la venta es a un “fideicomiso privado”, la propiedad legal de la las plantas “seguirán siendo privadas”.
“… Jurídicamente, la propiedad de las plantas y la administración del fideicomiso será privada, ajena al gobierno federal ya la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la CFE no está aumentando su participación en el mercado de generación eléctrica”, dijo el IMCO.
Al igual que Barrios, el think tank señaló que la mayor parte de la capacidad de generación eléctrica que vende Iberdrola “ya está bajo el control de la CFE, dado que los PIE ya forman parte de la matriz de generación de la empresa”.
“… Esta venta no representa una nacionalización de la industria ni cambia el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista. Solo cambia la titularidad de una canasta de plantas entre privados”, dijo el IMCO.
El grupo de expertos también cuestionó por qué el gobierno estaba usando recursos públicos para comprar centrales eléctricas que dependen en su mayoría de combustibles fósiles “a costa de inversiones que aceleran la transición energética en el país”.
Con informes de Reforma
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