Juan Luis Parra
El 1 de junio se pondrán a disposición del voto popular las llaves del Poder Judicial. Pero lejos de un ejercicio democrático ejemplar, lo que ha comenzado a verse es una operación política y hasta religiosa.
En redes sociales comenzaron a circular “acordeones” con instrucciones precisas sobre a quién elegir. Algunos llevan nombres y números. Otros, solo las cifras de los candidatos “buenos” marcadas con los colores de las boletas. Se distribuyen en alcaldías como Gustavo A. Madero o Iztapalapa y se reparten como si fueran volantes de supermercado.
“Lleva tu acordeón”, recomiendan los promotores.
La cosa no queda ahí. En Nuevo León, una periodista infiltrada en una reunión de Movimiento Ciudadano documentó cómo empleados del gobierno estatal fueron instruidos para reclutar al menos a diez personas cada uno y llevarlas a votar. A cada grupo se les entregó su propio acordeón.
El objetivo: garantizar el triunfo de jueces y magistrados afines al gobernador Samuel García.
Todo bajo la fachada de participación ciudadana.
En paralelo, la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García cumple una condena en Estados Unidos por abuso sexual infantil, también se metió al juego judicial.
A través de mensajes y reuniones, instruyó a sus fieles a votar por aspirantes vinculados directamente con la congregación. ¿La meta? Que una vez instalados en el Poder Judicial, estos jueces promuevan el descongelamiento de las cuentas bancarias del grupo, bloqueadas por la UIF desde hace años por presunto lavado de dinero y delitos fiscales.
Los nombres promovidos incluyen a hijos de obispos, ministros de culto activos y figuras políticas cercanas a Morena.
Las denuncias fueron presentadas, pero el Tribunal Electoral determinó no intervenir: el proceso, dijeron, ya había sido avalado por el Ejecutivo y el Legislativo.
Argumentaron que cuestionar las candidaturas pondría en riesgo la “estabilidad del proceso”.
Lo que empezó como una simplona propuesta del macuspano para democratizar el Poder Judicial, hoy se muestra como un campo de intereses políticos, económicos y electorales.
Lo que veremos el primero de junio no es un ejercicio democrático. Es una farsa judicial.
