La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa pese a que obtuvo prisión domiciliaria y salió del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
La institución aclaró que la resolución únicamente modificó el lugar donde Ruffo Appel cumplirá la medida cautelar y no alteró el procedimiento en su contra por presunto huachicol fiscal.
“Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar del cumplimiento de la medida cautelar (…) ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios”, señaló la FGR.
La decisión fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, después de que la defensa argumentó que el exgobernador es una persona adulta mayor con problemas de salud.
La Fiscalía explicó que los delitos relacionados con delincuencia organizada y materia de hidrocarburos contemplan, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la imposición de oficio de la prisión preventiva. También indicó que esta medida no fue impuesta por el Ministerio Público Federal.
Después de la salida de Ruffo Appel de El Altiplano, la FGR sostuvo que la investigación cuenta con “datos de prueba contundentes”, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información.
De acuerdo con las indagatorias, INGEMAR S.A. de C.V., empresa de la que el exgobernador es accionista, registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que fueron considerados incongruentes con su perfil fiscal.
La investigación también estableció la existencia de una red de contrabando de combustible mediante ferrotanques ligada a la empresa, que presuntamente operaba con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos.
