Por José Alberto Sánchez Nava
“Ni héroes, ni mártires: sin permisos, hasta el Che se baja de la banqueta”
.”
1.- Introducción.
El retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara de la colonia Tabacalera por orden de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha provocado una controversia política de proporciones nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum, ha calificado el acto como una provocación ideológica y un retroceso histórico. Sin embargo, más allá de las pasiones políticas y de las preferencias personales, vale la pena revisar el asunto desde el prisma de la legalidad y la autonomía constitucional de las alcaldías en la Ciudad de México.
2.- Autonomía de las alcaldías: Fundamento constitucional
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 53, establece con claridad que las alcaldías tienen la administración de los bienes muebles e inmuebles asignados a su demarcación territorial. Esta norma otorga a las alcaldías no sólo una función administrativa, sino una responsabilidad directa sobre el uso y destino de dichos bienes, lo que incluye plazas públicas, esculturas y mobiliario urbano financiado por la propia alcaldía.
Según lo señalado por la alcaldesa Rojo de la Vega, las estatuas de Fidel y el Che fueron adquiridas con recursos de la entonces delegación Cuauhtémoc en 2017, durante la administración de Ricardo Monreal. Por tanto, son bienes muebles adquiridos con recursos públicos de la demarcación. Bajo esta óptica, la alcaldesa no actuó fuera de sus atribuciones, sino precisamente en el marco de las competencias que la Carta Magna capitalina le otorga.
3.- La Ley de Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos del Distrito Federal
Dicha ley, aún vigente para efectos complementarios en la CDMX, señala en su Artículo 2º que los entes públicos locales (entre ellos, las alcaldías) tienen la obligación de vigilar, administrar y resguardar los bienes de dominio público que les hayan sido asignados, así como evitar su uso indebido o su instalación irregular. En ese sentido, si las esculturas no contaban con el registro patrimonial correspondiente, o fueron colocadas sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), o del área de desarrollo urbano local, entonces la acción de la alcaldía no sólo fue legítima, sino obligatoria.
4.- Monumentos, símbolos y legalidad
Ninguna estatua está por encima de la ley, ni siquiera si representa a figuras revolucionarias. En México, el marco legal para la instalación de monumentos y esculturas en el espacio público exige permisos específicos de planeación urbana, conservación del patrimonio y, en algunos casos, del INAH o la Secretaría de Cultura. La alcaldesa denunció que estos procedimientos no se cumplieron, y que la colocación de las estatuas fue opaca. Si eso es cierto, la permanencia de dichas esculturas sería ilegal.
La crítica hacia el retiro de los monumentos suele centrarse en el simbolismo político: se acusa a la alcaldesa de querer borrar la memoria de figuras emblemáticas de la izquierda. Pero ni Fidel ni el Che son patrimonio intangible del pueblo mexicano. México nunca fue su patria, y su legado está sujeto al debate público, no a la adoración obligada.
La función del espacio público no es inmovilizar el pensamiento, sino reflejar el consenso democrático. Si una alcaldía considera que una escultura instalada sin consulta ni fundamento legal daña ese consenso, tiene el derecho y el deber de corregir.
5.- ¿Provocación o ejercicio legítimo?
El discurso presidencial tilda el acto de “provocación política”. Pero no podemos permitir que se califique de provocación el cumplimiento de la ley. Si hay algo que debiera provocar es el uso indebido del erario público o la apropiación ideológica del espacio público. Resulta paradójico que un gobierno que se autodenomina de izquierda critique a una autoridad por ejercer su autonomía conforme a derecho.
La verdadera provocación sería no respetar los límites que marca la Constitución de la Ciudad de México. Sería ignorar que vivimos en una ciudad plural, donde las demarcaciones tienen gobierno propio, con funciones específicas y atribuciones reconocidas.
Epílogo
El retiro de las estatuas de Fidel y el Che no representa una traición a la historia, sino un acto de legalidad y congruencia institucional. Las alcaldías tienen rostro, responsabilidad y voz propia. Si alguien desea devolver a Fidel al pedestal, que lo proponga conforme a la ley, con transparencia y consulta pública. En democracia, hasta los héroes deben formarse y esperar turno. Y si no hay consenso, que descansen sentados… pero en bodega.
