Por José Alberto Sánchez Nava
“La verdad, por más que se intente ocultar, se desentierra con la terquedad del amor y el compromiso inquebrantable de quienes buscan a sus seres queridos.”
1.- Introducción
Donde el gobierno federal pretende diluir su responsabilidad, la ley se erige como un grito ineludible de justicia. La Ley General En Materia De Desaparición Forzada – publicado en el DOF y vigente desde noviembre de 2017 y reformado hasta abril de 2024 – es clara: la búsqueda y el esclarecimiento de las desapariciones son competencias de orden federal. En este contexto, el trágico escenario de Teuchitlán, Jalisco, se convierte en el paradigma del doble discurso de un Estado que, al concentrar en sus manos la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, no puede en buena conciencia echar la culpa exclusivamente a las autoridades locales.
2.-Un Estado, Una Responsabilidad
El marco legal, que contempla desde la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas hasta la integración del Sistema Nacional de Búsqueda, establece la obligación de coordinar esfuerzos entre todos los niveles de gobierno. Así, el articulado de esta ley insiste en que la atención a las víctimas y la investigación de los delitos – que incluyen la desaparición forzada y aquella cometida por particulares – son tareas de un Estado que no admite fragmentaciones en la responsabilidad. ¿Cómo, pues, justificar que el gobierno se ampare en argumentos municipales o estatales para evadir su rol, cuando la legislación exige un accionar coordinado y centralizado?
En Teuchitlán, la cruda realidad se plasma en fosas clandestinas que llenan el territorio de dolor y vergüenza. Hornos artesanales, restos calcinados y prendas ensangrentadas son pruebas irrefutables de una barbarie que va más allá de una simple deficiencia en la acción local. Mientras el fiscal Alejandro Gertz Manero ofrecía promesas huecas, las madres – con la fuerza del amor y la desesperación – se convirtieron en las únicas depositarias de la verdad. Sus palas y picos han desenterrado 18 fosas desde 2023, recordándonos que la búsqueda de justicia no puede quedar en meras palabras ni en protocolos que, según la ley, deben ejecutarse de manera inmediata y con todos los recursos del aparato estatal.
3.-El Teatro de la Impunidad y el Engaño del Gobierno
El discurso oficial, lleno de promesas de “paz y abrazos”, se enfrenta a la cruda realidad de un país que llora por sus desaparecidos. Si el argumento es que la responsabilidad recae únicamente en lo municipal o estatal, basta con observar la centralización de la seguridad: ¿por qué el gobierno federal optó por desmantelar y debilitar a las policías locales, concentrando en la Guardia Nacional y el Ejército funciones que, por derecho, son de ámbito federal? La respuesta se encuentra en una estrategia de ocultamiento, que busca disfrazar la inacción y el desprecio por la vida de miles de ciudadanos.
La ley, en sus articulados – que definen desde la estructura del Sistema Nacional hasta las responsabilidades penales y administrativas de quienes encubren la verdad – es un llamado a la coherencia. Engañar al pueblo es prometer justicia en un marco normativo robusto y, sin embargo, caer en prácticas que dejan a las familias sin respuestas, mientras el poder se refugia en la aparente descentralización de la seguridad.
4.-Una Llamada a la Justicia y a la Memoria
La búsqueda de desaparecidos, tan emblemática en Teuchitlán, es también el reflejo de un sistema que se rehusó a enfrentar sus propias contradicciones. La ley es tajante: la desaparición forzada y la cometida por particulares son delitos imprescriptibles, y la participación de servidores públicos en estos crímenes exige sanciones que vayan más allá de meros gestos simbólicos. No se trata de un conflicto jurisdiccional menor, sino de la responsabilidad compartida de un Estado único, que ha sido testigo – y en ocasiones partícipe – de la impunidad.
Las madres, como la incansable Esperanza de Sinaloa, han demostrado que, aunque el poder se esconda tras protocolos y burocracia, la memoria y la verdad emergen desde el dolor y la persistencia. Mientras el fiscal simula avances, la ley exige acciones coordinadas y efectivas, y el clamor de la sociedad no puede ser silenciado.
5.-Conclusión
En un país que se llena de fosas clandestinas y de historias inconclusas, la LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA es el pilar que debe sostener la búsqueda de la verdad y la reparación. El gobierno federal, al centralizar la seguridad, no puede escudarse en la descentralización de competencias para justificar su inacción. La justicia, esa que late en las trincheras de las madres buscadoras, exige que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de forma íntegra y coherente. Porque mientras se juegue con las vidas y la memoria del pueblo, la impunidad solo encontrará nuevos escenarios para florecer.
