Redacción MX Político.- La profesora Eufrosina Castrejón está próxima a cumplir la edad necesaria para retirarse. Pero evitará jubilarse porque la seguridad social la tiene condenada: en 2012 adquirió un crédito con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y, aun pagando puntualmente 8 mil pesos mensuales, ve incrementarse su deuda hasta hacerla impagable.
Eufrosina –química de profesión y catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero– sabe que, como todo burócrata, perdería hasta el 60% de sus ingresos si se jubila, pues ese porcentaje es lo que percibe por prestaciones, como los bonos de asistencia y antigüedad. Si hace efectivo su retiro, la pensión iría íntegra al pago de la deuda: se quedaría sin ingresos.
El aumento constante de la mensualidad y de la deuda total tiene como origen un diseño de los créditos que afecta a un millón 100 mil trabajadores. Y el creciente número de inconformes acusa al Fovissste de incurrir hasta en prácticas de anatocismo, es decir, cobro de intereses sobre los intereses capitalizados al monto original.
Contratados a ciegas, porque el Fovissste no entregaba tablas de simulación de pagos, los créditos deben ser forzosamente a 30 años, período insuficiente para solventar la deuda porque ésta crece debido a los intereses en Veces Salario Mínimo, los cuales se aplican considerando los intereses como si fueran parte del crédito.
Casos como el de la profesora Castrejón se originaron principalmente durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que en 2016 el sistema cambió y empezó a calcular los nuevos créditos en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), según reportó Apro.
Para Cándido Cruz Vargas, profesor guerrerense que se ha convertido en vocero del Movimiento de Afectados por los Créditos de Fovissste, la única solución es una reestructuración en condiciones justas que, hasta ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha negado a revisar.
“El Fovissste otorga créditos impagables, créditos de usura que en nada benefician al trabajador como lo ordena la ley, como de origen fue creado este fondo de vivienda para otorgar créditos baratos a los trabajadores pero que se ha convertido en una mafia que solamente lucra con la necesidad”, asegura Cruz Vargas.
Esa problemática está movilizando desde hace más de un año a burócratas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz, quienes ven inviable su retiro, pero también de quienes, con 15 años de pagos disciplinados, han visto crecer su deuda hasta el doble del monto original.
El caso de la profesora Castrejón es ilustrativo: en 2012 contrató el crédito para vivienda por 850 mil pesos. Desde entonces ha pagado más de 500 mil pesos, pero al corte de la segunda quincena de enero su deuda ascendía a 950 mil pesos.
“Preguntamos por los intereses sobre intereses, porque así jamás vamos a ver nuestra deuda disminuida… Es a 30 años y esto realmente afecta, tanto la economía personal como a la familiar. Pero no tenemos respuestas de la autoridad”, dice.
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