Redacción MX Político.- Un tribunal federal ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. La Fiscalía General de la República (FGR) fincó a los siete uniformados el delito de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisión.
El mismo Sexto Tribunal Unitario del Estado de México que los había liberado, resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República debe regresar a prisión a los elementos de la Sedena para que sean enjuiciados. Hace dos años se minimizaron las pruebas cruciales que los inculpaban.
Según la información oficial de las fuerzas armadas divulgada en 2014, fueron ocho personas las que fueron asesinadas en lo que se tomó como una masacre hace ya más de cinco años. Nadie supo en un principio qué había pasado exactamente. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) divulgó una versión distorsionada de los hechos, que se mantuvo durante meses. En una investigación periodística, apro desmintió la versión y aportó pruebas en contra de los militares.
En un comunicado, la Sedena informó en esos días que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México; que los civiles habían atacado a los militares y que éstos se habían defendido; que en el tiroteo, 22 civiles habían muerto y un militar había resultado herido.
En septiembre de ese mismo año una testigo de lo ocurrido, Clara Gómez, desmintió a los militares y denunció que después del enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a los supervivientes.
Otras dos testigos se expresaron en los mismos términos. En su investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que los asesinados eran ocho y que el resto había caído en combate.
En un comunicado del Centro Pro se informó que el 30 de junio de 2014 fueron privadas de la vida 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya y que a pesar de que la Sedena señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas basadas en testimonios de sobrevivientes revelaron que fueron ejecuciones cometidas cuando los civiles se habían rendido y que hubo alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo su propia investigación y concluyó que no fueron ocho, sino 12 y hasta 15 los que fueron masacrados, cuando ya se habían rendido a los militares, quienes sin embargo les dieron el tiro de gracia. Luego se comprobó en la investigación que los militares modificaron la escena del crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versión.
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