El senador Raúl Aarón Pozos Lanz, afirmó que la gobernabilidad y gobernanza del país están garantizadas para los próximos años, porque la tranquilidad y estabilidad están sentadas sobre bases jurídicas con la aprobación de nuevas leyes, reformas constitucionales y las modificaciones a la legislación secundaria que se realizaron durante la LXII y LXIII Legislaturas.
El presidente de la Comisión de Gobernación destacó, en entrevista, que este panorama positivo se logró con la actualización que se hizo del marco jurídico desde el Senado de la República, con lo cual los ciudadanos tienen ahora más herramientas para su defensa ante la justicia, de sus principios, su libertad de tránsito y de expresión; y el gobierno, preciso, tiene más obligaciones de cumplir.
El senador priista señaló que el marco jurídico nacional se actualizó con la aprobación de 23 nuevas leyes generales y federales, entre las que destacan: la de Víctimas; contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles; la de Desaparición Forzada de Personas; para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la de Ejecución Penal y la de Seguridad Interior.
Entre las reformas constitucionales y las modificaciones a la legislación secundaria, destacó la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, y las adecuaciones a la Ley de Seguridad Nacional para que las autoridades de los tres niveles de gobierno velen por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral del daño; hasta las adecuaciones legislativas en materia de regulación y uso de la mariguana.
También citó la aprobación de la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de Suspensión de Garantías y la Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en materia de Derecho de Audiencia, que establece la expulsión de extranjeros que invadan atribuciones de los ciudadanos mexicanos.
“Sin duda, toda esta agrupación de leyes tienen un objetivo y una misión fundamental y es salvaguardar, primero que nada, la seguridad personal, física (de las personas) y, segundo, que la seguridad y las libertades en este país están blindadas y fortalecidas bajo una arquitectura jurídica que le permite a los ciudadanos tener herramientas para defenderse o para defender sus principios, su libertad de tránsito y de expresión”, remarcó.
El senador por el estado de Campeche recordó, al término de la sesión de trabajo de las Comisiones Unidas, donde se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo siguiente:
“Es un tema indeseable, yo no hubiera deseado que nunca se tocara un tema, que nunca se aprobara una ley de este tipo, que nunca hubiera una institución que de alguna manera dirigiera los esfuerzos (en ese sentido), pero es una realidad terrible y trágica del país y es una realidad que debemos atender y a la que debemos darle un entramado jurídico”.
Se dijo, ejemplificando, que esta Ley de Desaparición Forzada de Personas, había un elemento que hacia urgente su aprobación y “era la incertidumbre que padecen los familiares al desaparecer una persona y no declararse formalmente y, por ende, no podían acceder a los recursos que la persona desaparecida tuviera en alguna institución bancaria”.
“De tal suerte que con la aprobación de esta ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, se dio oportunidad para que esa terrible, trágica y dolorosísima incertidumbre, se menguara de alguna manera con la declaración especial de personas desaparecidas, no fallecidas pero desaparecidas, pudieran contar con elementos para poder manejar el dinero que esté en alguna cuenta bancaria, cumpliendo una serie de requisitos que están en la propia ley”, expuso.
De igual forma, en el caso de la Ley General de Víctimas, continuó, cuyo objetivo es fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas.
Además, establece la obligación para que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionarles recursos de ayuda. Fue aprobada el 4 de noviembre de 2016, y el 14 de diciembre del mismo año fue ratificada por la Cámara de Diputados y turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación.
“Fue una discusión técnica que prevé escenarios que no quisiéramos estar discutiendo, y debo recordar que asumí la presidencia de la Comisión de Gobernación del Senado el último mes del último periodo ordinario de sesiones, no era miembro de la Comisión, de tal suerte que las generalidades de lo que fue sucediendo en las discusiones, nos daban la oportunidad de tener elementos”.
