El Gobierno federal analiza modificar la iniciativa sobre derechos de las audiencias luego de las críticas expresadas por organizaciones civiles, sectores empresariales, la oposición y actores de la comunicación.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, la polémica colocó en una posición compleja a Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia y señalada como una de las principales impulsoras del proyecto.
Uno de los cambios bajo revisión corresponde a la figura de los defensores de audiencias. La propuesta inicial establecía que cada medio tuviera un responsable, además de un código de ética y mecanismos para atender quejas; ahora se analiza crear defensores sectoriales diferenciados para radio y televisión.
También se estudia modificar el esquema de sanciones. El planteamiento original contemplaba multas de hasta 1 por ciento de la utilidad neta para los medios que no atendieran las quejas de las audiencias, pero el Ejecutivo evalúa reducir esos montos para evitar un impacto económico significativo en las empresas.
Según fuentes citadas en la información, el empresario Carlos Slim ha expresado preocupación por los posibles efectos de la iniciativa en Claro TV. Esa inquietud habría influido en la disposición del Gobierno para reconsiderar algunos aspectos del proyecto. Slim mantiene relación con proyectos estratégicos de la actual administración y de gobiernos anteriores.
Las mismas fuentes señalaron que la controversia también está vinculada con la intención del Gobierno de evitar señalamientos de censura y distanciarse de comparaciones con modelos regulatorios de otros países, mientras busca impulsar el crecimiento económico mediante proyectos como el denominado Plan México.
A pesar de los posibles ajustes, la propuesta conserva como eje el establecimiento de obligaciones para los medios en materia de códigos de ética, atención a las audiencias y mecanismos de queja, conforme al marco constitucional vigente.
