Joel Hernández Santiago
Digamos que ya tenemos Guardia Nacional, o casi. El jueves 21 de febrero el Senado de la República votó por unanimidad para su creación. Al término de la sesión legislativa, los partidos políticos ahí representados aplaudieron su decisión. Dijeron: Es ‘una obra del entendimiento y de la negociación política’ y ‘siempre pensamos en México’.
Serán peras o serán manzanas, pero lo cierto es que al final el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador salió ganón con este nuevo Cuerpo de seguridad pública, con el que dice que abatirá la delincuencia, el crimen, la violencia y todos esos agravios ilegales y sangrientos en los que esté envuelto el país como producto de una cosa muy sencilla pero primordial: el narcotráfico, o sea, el consumo extremo de narcóticos entre millones de estadounidenses.
Esta violencia que ha ido en aumento desde hace por lo menos veinte años, se incrementó aún más en los doce años recientes y más, al grado de que precisamente en 2006 el presidente Felipe Calderón inició “su guerra” en contra del crimen organizado en la Tierra Caliente de su estado, Michoacán, y de ahí en adelante el Ejército mexicano, como la Marina nacional, han estado combatiendo no sólo a ese crimen organizado, como también a la corrupción que ya había penetrado en las organizaciones de seguridad pública civiles.
Pero ni así. Y lo único que se consiguió es por una parte el enojo de los directivos militares que, al principio, decían que tanto el Ejército como la Marina no estaban diseñados para ejercer como policías de calle. Luego ha habido fenómenos de confrontación extrema en la que los malandrines decidieron apuntar, como objetivo en contra, hacia los cuerpos militares y con apoyo en algunos integrantes de la seguridad pública infiltrados.
Por estos días, incluso, no hay día en el que no se informe de crímenes, agresiones, secuestros, violencia criminal, amenazas, persecuciones, delincuencia urbana y rural… Todo parece un aquelarre maléfico en contra de la paz social y la seguridad pública.
De ahí que la ambivalencia social por resolver el tema de la militarización de los cuerpos de seguridad pública pasen por el miedo y terror público por lo que ocurre, por lo que para muchos se hace necesario poner orden en esta situación y de esta manera aceptan que los cuerpos militares participen en la seguridad de todos.
Pero también, para muchos otros, está el riesgo de que sean los militares los que pudieran encabezar de forma ya Constitucional esa vigilancia y control.
Quienes se oponen a la militarización de la seguridad pública basan su temor a otorgar un poder monumental que se entiende asimismo como político y de futuro incierto, toda vez que se recuerda en México la experiencia de países sudamericanos en los que la fuerza militar rebasó lo democrático para instalarse como dictaduras, como fue el caso de Chile o Argentina…
Pero nada. Al final de cuentas sí existe en gran problema de la seguridad pública; el terror y la urgente necesidad de parar esas masacres, ya.
La violencia no es sólo como producto del crimen organizado; hoy es frecuente que algunos cometan tropelías tan sólo por su propio impulso individual-criminal, como ocurre en las grandes ciudades del país. La delincuencia se encuentra sin control y al parecer sin ley.
Pero ya está a punto de ser legalizada la Guardia Nacional. Sólo falta que la Cámara de Diputados la apruebe, lo que se prevé que ocurrirá ya que hay mayoría de Morena en ella y porque los partidos de oposición, como los gobernadores de oposición la han aceptado, con los ajustes que están a la vista:
Institución policial de naturaleza civil. Mando civil. La Secretaría de la Defensa no tendrá control operativo sobre la corporación: la responsabilidad de la Guardia Nacional recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Junta de Jefes de Estado Mayor desaparece (lo que habría de generar confusión de mandos y a confrontaciones internas) y, se dice ahí, que la intervención militar “debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” y con una temporalidad de no más de cinco años.
Pero aún falta leer la letra chiquita del documento. Y las salvaguardas que se otorgan al Ejecutivo. Y cómo quedan los controles militares al interior de este cuerpo y si predominarán militares y no aquellos civiles a los que se convocó hace poco, pero que no llegaron. ¿Y qué pasará con la Policía Federal? ¿Qué quiere decir “Instancia de coordinación interinstitucional”?
Dentro de cinco años habremos de ver cómo funcionó esta estrategia de gobierno y evaluarla. Falta precisamente ese modelo de evaluación civil, objetivo y sin compromisos políticos, económicos o burocráticos, toda vez que una vez transcurridos los cinco años, el gobierno piensa que podría cabildear una extensión de tiempo en un Congreso que le es favorable.
Prácticamente ya hay Guardia Nacional. El Ejército y la Marina son instituciones que en sí mismas son honorables y cuya tarea es precisamente la salvaguarda de la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial y patrimonial de los habitantes del país. Y han sido muy queridos. Son cuerpos integrados por mexicanos todos ellos y eso es el principio y fin de su responsabilidad. México.
Lo que sigue es que, con respeto a los derechos humanos, la procuración de justicia y la administración justa de la justicia, se ponga fin a este panorama de inseguridad en la que se vive hoy en muchas partes del país. Ojalá.
jhsantiago@prodigy.net.mx
