El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha llevado su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tras enfrentar cargos por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Esta situación ha desatado una confrontación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que investiga el caso.
El CNE informó que Petro, junto a su gerente de campaña, Ricardo Roa, y otros colaboradores, será interrogado por la supuesta violación de las normas que rigen la financiación electoral. Se les acusa de haber superado los límites de gasto establecidos y de haber utilizado fuentes de financiamiento prohibidas, que no fueron declaradas.
En respuesta, Petro ha argumentado que el CNE ha sobrepasado sus funciones, sosteniendo que no ha cometido ningún delito y que no puede ser juzgado por un organismo administrativo. En palabras del vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, «la decisión del CNE viola el voto popular que lo eligió presidente en 2022», lo que, según él, representa un «grave peligro para la democracia en Colombia».
Rojas también ha comparado esta situación con el proceso de destitución que vivió Dilma Rousseff en Brasil en 2015, señalando que «este es un procedimiento muy peligroso para la democracia». Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió abrir espacios de diálogo para abordar las diferencias y criticó la decisión del CNE, indicando que «se equivocó» al investigar al presidente, quien goza de fuero integral.
Petro ha denunciado que el presidente del CNE, César Lorduy, le ha tendido una «trampa» para despojarlo de su cargo. Afirmó que el organismo no tiene la competencia para decidir sobre su permanencia en el puesto, pero al formular cargos «inconstitucionales», ha creado un precedente preocupante. «No se me acusará de ningún delito que no he cometido», enfatizó, y añadió que el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, asociado con Lorduy, está detrás de una «estrategia» para llevar a cabo un golpe de Estado con pruebas falsas.
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