Hilda Lara Guadián y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, acusan al exfiscal Ulises Lara de haber impulsado una ofensiva legal para quedarse con la casa que ella compró a sus padres en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Ambos fueron vinculados a proceso por despojo agravado, pero jueces federales determinaron posteriormente que los delitos habían prescrito. El litigio continúa debido a recursos de apelación que permanecen sin resolución.
La defensa argumentó que el presunto delito ocurrió en 2013, cuando Hilda Lara y Pakabomba Muabi adquirieron el inmueble ubicado en la colonia Acueducto de Guadalupe. Por esa razón, sostuvo que la acción penal ya no podía ejercerse en 2023, cuando fueron procesados.
El Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México concluyó que, cuando se presentó la denuncia, los delitos por los que la Fiscalía capitalina pretendía llevarlos a juicio ya habían prescrito. El órgano ordenó dejar sin efecto las vinculaciones a proceso y reponer las audiencias correspondientes.
En cumplimiento de esas resoluciones, el juez de control Mauricio Ledesma Rodríguez revocó la vinculación contra Hilda Lara y declaró prescritos los delitos imputados. Para el caso de su esposo, el juez José Gabriel Martínez Peña emitió un nuevo acuerdo con el que dejó sin efecto el proceso.
Sin embargo, Grace Montserrat Díaz Gutiérrez, asesora jurídica y trabajadora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apeló esas determinaciones en representación de Carlos León Lara Corona, padre de Hilda y Ulises. Según la información disponible, los recursos están por cumplir un año sin que hayan sido resueltos.
La disputa comenzó después de que Hilda Lara y su esposo compraron la casa el 21 de junio de 2013, ante el notario público número 165 del entonces Distrito Federal, Carlos Sotelo Regil. La escritura establece un pago de dos millones 100 mil pesos, de los cuales 648 mil 969.88 pesos fueron cubiertos mediante un crédito de Infonavit ejercido por Pakabomba Muabi.
En septiembre de 2021, Carlos León Lara demandó el desconocimiento de la compraventa y afirmó que descubrió que el inmueble ya no estaba a su nombre cuando acudió a realizar su testamento. No obstante, su esposa, Ady Guadián Patiño, declaró ante la Policía de Investigación que ambos acudieron al notario para firmar la operación y que él recibió el dinero mediante un depósito del Infonavit.
En 2023, Hilda Lara y su esposo presentaron denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina y la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, al señalar un posible abuso de poder y conflicto de intereses. El OIC archivó el expediente en julio de 2024 por falta de elementos, cuando Ulises Lara era titular de la Fiscalía capitalina.
Durante el proceso, Carlos León Lara no se ha presentado personalmente ante las autoridades y ha sido representado por la asesora victimal de la FGJCDMX.
