Estado de los ESTADOS
“Ave de pico encorvado le tiene al robo afición”: José Hernández
- Huachicol, punto negro
- FGR revela toda la red de robo de combustible
- Censura oficial de la 4T: Artículo 19 documenta
- Morena y su Consejo Nacional entre comillas
Ciudad de México, 20 de julio de 2025.- Las investigaciones sobre el huachicoleo y el decomiso a la fecha de 50 millones de litros de combustible exhibe no sólo las conexiones del gobierno del mandato anterior con organizaciones delincuenciales, también comprueba su administración fue parte de esa organización criminal. Los faros apuntan hacia otros personajes de sobra conocidos por estar permanentemente cuestionados y según se insiste investigados por diversas agencias norteamericanas, aunque a la fecha, no se ve ninguna acción y mucho menos declaración oficial. Nada diferente al golpeteo permanente de DT hasta llegar a pretender dominar el espacio aéreo de nuestro país.
A través de intervenciones telefónicas y grabaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) descubrió una red de complicidad que involucra a servidores públicos de la Secretaría de Marina, la propia FGR y la Coordinación de Inteligencia de Pemex, quienes presuntamente recibían pagos semanales para garantizar la impunidad de esta organización delincuencial. La excandidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, denunció en una entrevista radiofónica: el huachicol fiscal creció de manera descomunal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”, y afirmó no podría haberse desarrollado sin complicidad de las autoridades fiscales, aduaneras y energéticas. El robo de combustible, dijo, se ha sofisticado y ya no se trata del huachicol tradicional, sino de la importación ilegal de gasolina que evade impuestos. También, el viernes pasado, el general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, acusó a Rocío Nahle de haber usado información estratégica para “maximizar” el robo de combustible en México desde el inicio del gobierno de López Obrador.
Es extensa la red de huachicoleo durante el sexenio anterior. Mientras construía el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional desembolsó más de 500 millones de pesos en diésel comprado a “Ecocarburante SA de CV”, una firma que ha sido ligada a una estructura de huachicol operada por el hermano del exalcalde de Teuchitlán (hoy preso por los crímenes en el rancho Izaguirre) y abastecida por multinacionales como Valero y Vitol, dos de los gigantes del sector energético a nivel global. Documentos oficiales y actas notariales muestran que la misma red tejió negocios con Pemex y movilizó combustible ilegal a lo largo del país con la cobertura de transportistas ligados al crimen organizado.
Por otra parte y relacionado con las supuestas investigaciones, según Simón Levy, Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial, también estaría siendo perseguido por sus presuntos vínculos con grupos radicales extranjeros. También afirmó que existe una lista de 300 mexicanos que están siendo considerados personas non gratas en Estados Unidos, en la que habría políticos, empresarios, deportistas y artistas, y que varios ya han perdido su visa sin que se haya hecho público. Asimismo, adelantó cuatro gobernadores mexicanos estarían colaborando con Estados Unidos en calidad de testigos a cambio de evitar ser procesados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Por el lado de las investigaciones de la FGR, revelaron que Cirio Sergio Rebollo Mendoza, conocido como “Don Checo”, presunto líder de una red criminal dedicada al robo de combustible, fue protegido por autoridades de alto nivel. La FGR descubrió una red de complicidad que involucraba a servidores públicos de la Secretaría de Marina, la propia FGR y la Coordinación de Inteligencia de Pemex, quienes presuntamente recibían pagos semanales para garantizar la impunidad de la organización. Grabaciones obtenidas por la FGR contienen cerca de 2 mil audios, en donde se revela cómo “Don Checo” operaba desde la sombra. En una de las conversaciones, uno de sus lugartenientes informa que debía pagar 25 mil pesos semanales a un funcionario de inteligencia de Pemex. Una de las grabaciones muestra cómo se organizaban pagos a funcionarios de Pemex, la Policía Municipal y la FGR, para liberar a sus cómplices. La investigación también desvela cómo la organización recibía “pitazos” de las autoridades para evitar que las intervenciones de la FGR tuvieran éxito.
La investigación también revela la presunta complicidad de los marinos. La caída de “Don Checo” exhibe la magnitud de la red de huachicoleo en el centro del país, la gravedad de la corrupción dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden. El huachicol -robo de gasolina, diésel, gas LP, turbosina, petróleo crudo- se convirtió en el combustible que alimenta a Morena y a la 4T. El combustible robado a Pemex equivale tanto como el monto de su deuda, la más grande del mundo para una empresa petrolera. El huachicol representa el 30% de la gasolina que se consume en el país; Pemex pierde 56 millones de pesos al día por este delito y en el último sexenio tuvo una pérdida de 346 mil millones de pesos, equivalente a seis veces el presupuesto federal de salud en 2025.
Pero el negocio sigue…
DE LOS PASILLOS
Morena llevó a cabo su Consejo Nacional. Se esperan cambios en la conducción del Movimiento, pero no se refieren a los personajes clave sino a formas, aunque el fondo siga siendo el mismo: conseguir todo el poder y abarcar todo el territorio. De entrada, buscarán establecer una red de centro de capacitación para quienes aspiran a las alcaldías o a las curules a fin de evitar lleguen sin saber cuáles son sus responsabilidades y cómo cumplirlas. Eso si, van contra los trapacistas, con la salvedad de contar con un buen capital político para poder vestirse de morenistas.
De acuerdo con Artículo 19, en los últimos 18 meses, al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados a Morena. Cada tres semanas, se registra un caso de censura, en donde se incluyen litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos. Las embestidas para acallar a la prensa llegan a tal grado que, el martes pasado, al periodista campechano Jorge Luis González, una jueza le impuso nuevas medidas cautelares.
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