INE prevé denunciar a Guadalupe Taddei por cinco presuntos delitos

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal contra su expresidenta, Guadalupe Taddei, por cinco presuntos delitos vinculados con posibles irregularidades en contrataciones públicas y relaciones con empresas proveedoras del organismo.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, confirmó que el documento está prácticamente listo, pero su presentación fue aplazada mientras los equipos jurídicos realizan ajustes para precisar los hechos y los fundamentos legales. La denuncia deberá ser revisada por los 10 consejeros electorales.

El organismo tenía previsto presentar el recurso el miércoles. Según Cruz, ya existen primeros borradores y la presentación dependerá de la conclusión de las revisiones jurídicas.

Los delitos contemplados son enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. De acuerdo con uno de los borradores, se plantea investigar una posible relación de “contubernio” entre funcionarios del INE, incluida Taddei, y empresas contratistas, ante señalamientos de presuntos beneficios económicos derivados de adjudicaciones públicas.

El INE solicitará revisar todas las contrataciones realizadas desde 2023 hasta la fecha, incluida la licitación para producir la credencial para votar, adjudicada a CosmoColor en colaboración con su filial Icard Solutions y Talleres Gráficos de México.

La contratación es parte de los señalamientos por la difusión de videos en los que el proveedor José Alfredo Hernández presuntamente conversa con Taddei sobre las cantidades que recibirían por conseguir la adjudicación. La denuncia pedirá analizar las grabaciones y localizar su fuente original para determinar si hubo acciones deliberadas para beneficiar a particulares mediante decisiones del organismo electoral.

El uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal, se relaciona con posibles irregularidades en contrataciones, adquisiciones o servicios financiados con recursos públicos. El planteamiento también contempla posibles responsabilidades de particulares que, con conocimiento de alguna irregularidad y en perjuicio del patrimonio o del servicio público, hayan solicitado, promovido o participado en esas operaciones.

Respecto al ejercicio abusivo de funciones y al tráfico de influencias, el documento plantea indagar si servidores públicos intervinieron indebidamente en la asignación de contratos para obtener beneficios económicos propios o para terceros, así como posibles gestiones irregulares en negocios públicos. También propone investigar si Hernández llegó a asumir el control de distintas áreas del INE para favorecer a determinadas empresas proveedoras.

El señalamiento por peculado se incluiría ante la posibilidad de que funcionarios hubieran desviado o utilizado recursos públicos para beneficiar a empresarios o favorecerse personalmente. Por enriquecimiento ilícito, se busca revisar cuentas y movimientos financieros de servidores públicos que pudieron recibir beneficios económicos relacionados con las contrataciones investigadas.

El consejero electoral Arturo Castillo ha señalado que algunos de los delitos contemplados pueden ameritar prisión preventiva conforme a la legislación aplicable, aunque precisó que las autoridades competentes deberán determinar las medidas procedentes.

De forma paralela, el INE espera información oficial sobre cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera a empresas relacionadas con las investigaciones, a fin de determinar si alguna mantiene contratos vigentes con el instituto. Castillo indicó que, hasta ahora, el organismo no ha recibido notificaciones sobre bloqueos financieros de proveedores con servicios actualmente contratados.

El consejero agregó que cualquier determinación sobre contratos vigentes dependerá de una notificación formal de las autoridades o de las propias empresas. Mientras tanto, la Secretaría Ejecutiva prepara medidas para garantizar la continuidad de las actividades electorales.