Por Ricardo Aguilar**
Hay maestros que desarrollan su labor educativa en establecimientos escolares tan deficientes que su labor se vuelve heroica. Escuelas con letrinas en lugar de baños, carentes de agua potable, sin espacios adecuados para el deporte y entretenimiento, sin vidrios, pintura ni cerraduras, con pisos de tierra, sin pizarrones, sillas, escritorios ni mesa-bancos. A la lista de interminables carencias se suman las difíciles e injustas condiciones salariales y laborales impuestas en contra de los maestros por la pasada administración federal.
Muchos estudios demuestran que el estado de los planteles escolares influye en el logro escolar de los alumnos, pues el entorno condiciona una buena parte de nuestro estado de ánimo. No es lo mismo estar en una buena escuela, con todos los requisitos para hacer agradable y productiva la estancia de niños y maestros que en una pésima, sentado en cajones de madera, a la intemperie, con intenso frío o calor, sin energía eléctrica o sin agua. Lo primero que tenemos que reconocer es que ello nunca ha sido abordado con la seriedad que merece por parte del Estado Mexicano. Si hay una palabra que define el tema en términos genéricos, cuando hablamos de infraestructura, equipamiento y financiamiento educativo, ésta es: INEQUIDAD.
En ocasiones, con aspectos desarticulados de programas sexenales han puesto el acento en el objetivo sin haber acertado en el blanco.
Los analistas y políticos, en algunos de esos casos, comprendieron la insuficiencia de la equidad horizontal como criterio hegemónico para la provisión de educación. Se hizo evidente que se debía incorporar el principio, también aristotélico, de desigual tratamiento a los desiguales; es decir, el de equidad vertical. El resultado ha sido que la equidad horizontal, como principio rector, quedó debilitada lo que, como es sabido, suscitó nuevos interrogantes, numerosos diagnósticos y pocas soluciones al problema de la inequidad.
Si seguimos por la ruta en que vamos nunca resolveremos los rezagos. Debemos buscar nuevas estrategias fiscales para coadyuvar en su resolución: una de ellas, y quizás la principal, es la de permitir la deducción completa e inmediata de donativos directos a las escuelas a partir de un catálogo nacional de inequidad y necesidades. En rigor, no se niega la necesaria participación del Estado en la educación, pero se cuestiona el grado en que éste debe participar.
El Estado parece soslayar que la educación de calidad y la calidad de los Servicios Educativos son dos cosas relacionadas, pero diferentes. La calidad de la educación se constituye mayormente por el óptimo desempeño de los docentes en su habilidad de crear situaciones de aprendizaje que logre el desarrollo de aptitudes y conocimientos significativos en los alumnos. Pero la calidad de los servicios educativos incluye, además de una educación de calidad, las óptimas condiciones de los centros escolares y las oficinas que los regulan, la buena administración y gestión y por supuesto, que sean dignos, arquitectónicamente seguros, con programas de protección civil para evitar tragedias en casos de fenómenos imprevistos; que sean funcionales, bien distribuidos y mejor equipados.
El reto es lograr esquemas salariales superiores, de apoyo a docentes en esas áreas particularmente marginadas y en situación de franca desventaja socioeconómica, al tiempo de lograr sobrepasar el financiamiento de las condiciones mínimas para la educación y llegar a las condiciones óptimas.
Por ello, resultan inaceptables programas compensatorios (becas y estímulos salariales) o programas de inversión gradual (año uno: techos; año dos baños; etc.). Ya hemos vivido ese derroche de recursos y el fracaso de esas políticas en el sector social.
Requerimos de una Plataforma Nacional en donde se enlisten las Escuelas, sus Carencias y Necesidades y se inscriba con claridad el monto a invertir que requiere para que cuente con condiciones idóneas de formación.
Por todo ello, Maestros por México propone que en la lista de Leyes que se crearán o modificarán a raíz de la Reforma Educativa impulsada por el actual Presidente, se incluya una Nueva Ley General de Infraestructura Física Educativa, que elimine los mecanismos de corrupción y que asegure la atención eficiente de los planteles en condiciones deplorables que son, hoy como siempre, los destinados a los niños y jóvenes que mayores carencias y problemas padecen.
Requerimos de nuevas fórmulas hacia el futuro, sin abandonar lo que históricamente sí funcionó.
Empeñémonos en lograr la equidad de la eficiencia y la eficiencia de la equidad.
*Posicionamiento Frente a las Leyes Secundarias
**Coordinador Región Sur – Sureste de Maestros por México
