Baja California Sur, uno de los últimos grandes bastiones de riqueza ambiental y belleza natural en México, enfrenta un nuevo tipo de amenaza: ya no solo es el cambio climático o el crecimiento urbano, sino la posible infiltración de intereses extranjeros que, según ciudadanos y usuarios en redes sociales, en organizaciones y ONGs, muchas en materia ambiental, para operar y llevar distinto tipo de estrategias, algunas de ellas agresivas, en favor de sus intereses.
De acuerdo con lo que se presenta en la página oficial de Metiches por Naturaleza, esta organización trabaja de la mano con ¿Cómo Vamos La Paz?, una asociación que ha tomado notoriedad pública en la última década por su activismo ambiental.
Sin embargo, vecinos de comunidades rurales, ejidatarios y usuarios en redes sociales han comenzado a cuestionar el verdadero trasfondo de estas organizaciones, al considerar que promueven una agenda que, en la práctica, podría favorecer a ciertos intereses privados y extranjeros.
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido sobre el incremento del financiamiento extranjero a organizaciones no gubernamentales en México, particularmente en temas ambientales y sociales, según lo reportado por Milenio en agosto de 2023.
Entre las figuras que generan preocupación entre los habitantes locales, varios usuarios han mencionado a Lucía Frausto, directora de ¿Cómo Vamos La Paz?, quien según el portal El Organismo, mantiene una relación cercana con Christy Walton, heredera de Walmart y residente de la región. Medios como MetropoliMx también han documentado que instancias como SEDATU habrían favorecido intereses relacionados con Walton, lo que ha generado suspicacias sobre la neutralidad de algunas decisiones gubernamentales en la región.
Uno de los focos más delicados es el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), aprobado recientemente por el cabildo de La Paz. De acuerdo con reportajes de medios como Zeta Tijuana, Peninsular Digital y BCS Noticias, ejidatarios y residentes de comunidades como El Sargento, El Triunfo y Los Planes han denunciado públicamente presiones, amenazas y falta de consulta adecuada para la implementación del plan.
En algunos casos, incluso han anunciado amparos legales para frenar el proyecto, por considerar que beneficia a actores externos en detrimento de las comunidades locales.
Algunos pobladores y líderes comunitarios han manifestado que la aplicación del PDU podría facilitar la apropiación de terrenos por parte de inversionistas foráneos y limitar el derecho de las comunidades a construir en sus propias tierras.
Estas denuncias se han intensificado en redes sociales, donde varios usuarios vinculan los beneficios derivados del PDU a intereses corporativos como los de Walmart.
En paralelo, la organización Metiches por Naturaleza ha comenzado a posicionarse en el debate público con una narrativa ambientalista, pero ciudadanos han expresado su preocupación por su relación directa con ¿Cómo Vamos La Paz?, una organización señalada por múltiples voces como vinculada a agendas privadas.
En su sitio oficial, Metiches por Naturaleza reconoce que “colabora activamente” con ¿Cómo Vamos La Paz?, lo que ha encendido las alertas entre algunos habitantes.
No son pocos los que, desde la ciudadanía y el sector ejidal, se preguntan si este tipo de intervenciones buscan realmente proteger el medio ambiente, o si se trata de un modelo de “colonización ambiental” —como se ha llamado en otros países—, donde se utiliza el discurso ecológico para incrementar la capacidad de despliegue de poder de actores extranjeros.
Incluso en casos emblemáticos como la Isla Espíritu Santo, organizaciones como la Fundación de Christy Walton han estado involucradas en procesos de compra de terrenos, como reportó BCS Noticias.
Para algunos, estos actos reflejan una estrategia más amplia de apropiación de espacios de alto valor ecológico bajo la bandera de la conservación.
Hoy, ciudadanos, ejidatarios y voces en redes sociales se preguntan: ¿quién está realmente decidiendo el futuro de Baja California Sur? ¿Las comunidades que han habitado y cuidado estos territorios por generaciones, o grupos foráneos con poder económico que, según se denuncia, buscan influir en decisiones públicas para proteger sus propios intereses?
La defensa del medio ambiente es una causa justa y necesaria, pero su legitimidad se ve comprometida cuando se mezcla con agendas opacas, presiones sobre comunidades locales y beneficios corporativos.
Diversas voces ciudadanas coinciden en que un verdadero desarrollo sustentable debe ser participativo, transparente y construido desde lo local. Todo lo demás, advierten, corre el riesgo de convertirse en simulación.
