Investigación documenta 94 millones en contratos públicos para hijos y socios de Rocha Moya

Los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus socios han obtenido alrededor de 94 millones de pesos en contratos públicos durante los últimos 15 años, según una investigación de EL UNIVERSAL elaborada por la periodista Miriam Ramírez.

El trabajo documentó una red de empresas de los hermanos Rocha Ruiz y personas cercanas a la familia, con contratos otorgados por el gobierno estatal, ayuntamientos y organismos públicos. De 14 contratos y 547 órdenes de compra revisadas, únicamente uno fue resultado de una licitación pública; el resto correspondió a adjudicaciones directas.

José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor del mandatario, y sus socios José Carlos Cárdenas Mellado y Alejandro Félix Miranda facturaron aproximadamente 29 millones de pesos a dependencias estatales y al Ayuntamiento de Culiacán entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024.

Grupo Rofcar, empresa fundada por José Jesús Rocha Ruiz, comenzó a recibir contratos públicos dos meses después de que su padre asumió la gubernatura en noviembre de 2021. En diciembre de ese año empezó a suministrar baterías y acumuladores al DIF estatal, que durante 2022 realizó 30 contrataciones directas con la compañía.

Los contratos también alcanzaron a la Secretaría de Salud y a la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán (JAPAC), durante la administración municipal de Juan de Dios Gámez Mendívil, identificado como ahijado de Rocha Moya.

El DIF de Sinaloa estuvo involucrado en parte del periodo revisado, cuando era presidido honoríficamente por Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador y hermana de uno de los empresarios beneficiados.

Otro de los proveedores fue José Carlos Cárdenas Mellado, socio de José Jesús Rocha Ruiz y propietario de Frutas y Verduras de ElDorado. La empresa obtuvo alrededor de 25 millones de pesos en ventas a dependencias públicas, incluidos 8.4 millones de pesos al DIF estatal, 4.5 millones a los Servicios de Salud y 5.9 millones a la Secretaría de Educación entre 2021 y 2023.

De acuerdo con los documentos revisados por EL UNIVERSAL, la compañía vendió alimentos al DIF con precios hasta cuatro veces superiores a los registrados en el mercado. En noviembre de 2023 facturó un kilo de chayote en 81 pesos, mientras que el Mercado de Abastos de Culiacán lo cotizaba en 18.40 pesos.

También cobró 20 pesos por una pieza de elote cuyo precio de referencia era de seis pesos y 47 pesos por una lechuga romana que se comercializaba en 17 pesos. Entre las facturas aparecieron un bote de avena de 760 pesos, un frasco de miel de abeja de 790 pesos y una pieza de gelatina de 540 pesos.

Parte de los alimentos fue destinada a la Casa Cuna y al Centro Gerontológico del DIF, instalaciones que atienden a menores en situación de vulnerabilidad y adultos mayores en abandono social. Para identificar las diferencias de precios, el medio revisó 134 órdenes de compra de 2023 y las comparó con registros del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía.

Frutas y Verduras de ElDorado también vendió 106 toneladas de bolsas de plástico para basura al Ayuntamiento de Culiacán por seis millones de pesos durante 2023, mediante compras directas.

A pesar de sus relaciones comerciales con la familia del gobernador, Cárdenas Mellado fue nombrado en agosto de 2024 director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES). Ocupó el cargo hasta el 19 de octubre de 2026, cuando presentó su renuncia.

Alejandro Félix Miranda, representante legal de Grupo Rofcar, recibió alrededor de 2.4 millones de pesos entre 2022 y 2024 por suministros de baterías, acumuladores y equipos de aire acondicionado. En 2023 firmó dos contratos para prestar prácticamente el mismo servicio a JAPAC: uno como representante de Grupo Rofcar y otro a título personal.

Los negocios de los Rocha Ruiz, según la investigación, comenzaron antes de la llegada de su padre a la gubernatura. En mayo de 2009, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron la constructora Chocosa, que obtuvo su primer contrato público ocho meses después, cuando Rocha Moya era jefe de asesores del entonces gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.

La investigación Operación Desfalco, publicada en 2019, documentó que Chocosa recibió 64 millones de pesos en contratos entre enero de 2010 y mediados de 2018, provenientes del gobierno estatal, ayuntamientos y juntas municipales de agua potable. En aquella ocasión, Rocha Moya negó haber intervenido en las contrataciones y dijo desconocer las obras asignadas a la empresa de sus hijos.

Según registros empresariales consultados por EL UNIVERSAL, entre 2003 y 2016 los tres hijos varones del mandatario constituyeron al menos nueve empresas dedicadas a la construcción, comercialización, servicios financieros, actividades agropecuarias y otros negocios.

En 2016, José Carlos Cárdenas Mellado y José Jesús Rocha Ruiz participaron en la creación de Pitaya Fresh LLC, una empresa de distribución agrícola establecida en McAllen, Texas, que actualmente se encuentra disuelta.

Los señalamientos por posibles conflictos de interés llegaron al Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa. A finales de mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana presentó un exhorto para revisar las adjudicaciones a empresas relacionadas con los hijos del gobernador, ante posibles conductas como abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y desempeño irregular de la función pública.

Sin embargo, representantes de las instituciones que integran el Sistema Anticorrupción se negaron a someter la propuesta a votación. “Nosotros les presentamos el exhorto pero no hubo una postura, no fue votado, no hubo una reacción, un comentario, nada. Hasta ahorita no sabemos si le dieron algún seguimiento a este tema, así como la ciudadanía y todo México, seguimos esperando que se haga una investigación”, declaró Raquel Zapien, presidenta del Comité de Participación Ciudadana.

La diputada local priista Paola Gárate pidió que la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen las operaciones empresariales de los Rocha Ruiz. La legisladora señaló que las relaciones comerciales de los familiares del gobernador deben revisarse para determinar si existieron irregularidades en la asignación de recursos públicos.

La investigación de EL UNIVERSAL se realizó con decenas de solicitudes de transparencia presentadas desde 2025 ante dependencias estatales, los 20 municipios de Sinaloa y sus organismos operadores de agua potable, además del análisis de facturas, contratos y órdenes de compra.