Investigan a Broxel por contratos millonarios, pagos en exceso y posible conflicto en Hacienda

Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., emisora de los monederos electrónicos entregados a 254 diputados federales de Morena, es investigada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por posibles conflictos de intereses, pagos en exceso y adeudos con 39 dependencias públicas.

La dependencia identificó un posible conflicto de intereses entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Broxel, y su hermano Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda.

Miguel Sergio Siliceo mantiene además una relación laboral con Bancomext mediante una licencia sin goce de sueldo. Antes de integrarse a Hacienda, fue director general adjunto de esa institución entre 2019 y 2021.

El vínculo fue revisado después de que Broxel solicitó a Bancomext un crédito por 4 mil 200 millones de pesos para obtener liquidez operativa. La Unidad de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua de la Secretaría Anticorrupción frenó la petición.

Según registros públicos y un oficio de la Secretaría Anticorrupción, Broxel obtuvo en 2025 contratos para suministrar vales electrónicos de despensa a más de 150 dependencias federales, por montos de hasta 9 mil 751 millones de pesos. También logró contratos con el gobierno de la Ciudad de México por hasta 3 mil 591 millones de pesos.

El documento señala que la empresa recibió pagos en exceso en contratos celebrados bajo condiciones distintas de las ofertadas. Además, tiene pendientes de reintegro por alrededor de 29.4 millones de pesos ante 39 entes de la administración pública federal.

La Secretaría Anticorrupción indicó que la falta de devolución de recursos y la celebración de contratos en condiciones diferentes a las ofrecidas podrían constituir infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por ello, inició una investigación administrativa.

El análisis que llevó al rechazo del crédito advirtió que una parte relevante de los ingresos de Broxel depende de contratos públicos. En 2025, esa dependencia representó entre 6 mil 928.7 millones y 9 mil 751 millones de pesos con la administración federal, así como entre mil 795 millones y 3 mil 591 millones con la Ciudad de México.

La dependencia también señaló que Broxel podría ser inhabilitada e impedida para obtener nuevos contratos públicos. En sus conclusiones, sostuvo que autorizar el financiamiento implicaría riesgos para Bancomext por las investigaciones sobre recepción indebida de recursos, omisión de reintegros y los vínculos entre el representante legal y el funcionario de Hacienda.

Norma Julieta del Río, excomisionada del Inai, afirmó que el modus operandi de la empresa podría ser similar al de una red investigada en el INE. Señaló que, si se acredita un conflicto de intereses, el funcionario podría ser sancionado, destituido e inhabilitado.

El pasado 3 de noviembre, El Universal informó que cada uno de los 254 diputados de Morena recibió tres tarjetas Broxel con 10 mil pesos cada una. La empresa también cuenta con contratos con la Cámara de Diputados para distribuir tarjetas de despensa a trabajadores de base y de confianza.