Eduardo Sadot
La toma de Canal Once por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) no es un hecho aislado ni una simple protesta estudiantil. Es la manifestación de un problema más profundo: la pérdida de confianza en los mecanismos institucionales de diálogo y solución de conflictos.
Las movilizaciones recientes tienen su origen en demandas relacionadas con infraestructura, presupuesto, condiciones académicas y cuestionamientos a la conducción administrativa del IPN. La presunta agresión a un estudiante durante las protestas aceleró un conflicto que ya venía gestándose desde tiempo atrás.
Cuando una comunidad estudiantil considera que sus reclamos no son escuchados, la protesta se convierte en el último recurso. El problema no radica únicamente en la ocupación de instalaciones, sino en las razones que llevaron a ella.
Resulta especialmente significativo que el escenario elegido haya sido Canal Once, una institución emblemática de la educación pública mexicana. Desde hace décadas, la televisora del Politécnico ha sido un referente de divulgación científica, cultural y educativa. Su ocupación constituye un mensaje político e institucional: los estudiantes buscaron visibilidad en uno de los espacios públicos más representativos del propio Instituto.
Sin embargo, más allá de la coyuntura, el caso obliga a reflexionar sobre la gobernanza de las instituciones de educación superior. Ninguna institución académica puede aspirar a la excelencia cuando una parte importante de su comunidad percibe que las decisiones se toman sin suficiente comunicación, transparencia o participación.
La historia demuestra que las universidades y centros de educación superior más sólidos son aquellos capaces de procesar sus diferencias mediante el diálogo, la negociación y la construcción de consensos. Cuando estos mecanismos se debilitan, los conflictos terminan trasladándose a la opinión pública y adquieren dimensiones cada vez más complejas.
Existe además un riesgo adicional: la politización. En un entorno nacional profundamente polarizado, los conflictos universitarios pueden ser utilizados por intereses ajenos a la vida académica. La educación superior debe mantenerse como espacio de libertad intelectual, pensamiento crítico y formación profesional, no como instrumento de disputas partidistas.
La solución no consiste únicamente en recuperar instalaciones o restablecer transmisiones. La verdadera solución pasa por reconstruir la confianza entre autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores. Sin confianza no existe comunidad universitaria; sin comunidad universitaria no existe proyecto educativo duradero.
El conflicto del IPN debe entenderse como una advertencia para todo el sistema de educación superior mexicano. La legitimidad institucional no se sostiene sólo con normas o reglamentos, sino con la capacidad de escuchar, atender y resolver.
Canal Once volverá a transmitir con normalidad con una elemento agregado al tema de comunicación en México derivado de la transmisión del evento partidista del domingo de la presidente de México en emisoras gubernamentales como la estación del IMER, si el canal once será órgano de difusión imparcial o será instrumento gubernamental de adoctrinamiento partidista, lo grave ¡dentro del IPN!.
Lo verdaderamente importante será determinar si las autoridades comprendieron el mensaje de fondo: cuando una comunidad académica siente que ha agotado todas las vías institucionales para ser escuchada, el problema deja de ser estudiantil y se convierte en una crisis de gobernanza.
La fortaleza de una institución no se mide por su capacidad para contener la protesta, sino por su capacidad para evitar que ésta sea necesaria.
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