Estado de los ESTADOS
“Pues mi noción de la justicia es ésta: los hombres no son iguales”: Friedrich Nietzsche
- Justicia rezagada
- Paro retraso miles de casos familiares, civiles, laborales y penales
- Familia Guzmán, clave para conocer contactos y rutas de los narcos
Ciudad de México, 13 de julio de 2025.- La capital de la República Mexicana resiente una crisis acumulada de años, la cual estalló con el paro de labores del Poder Judicial durante seis semanas. Los trabajadores denunciaron cargas excesivas de trabajo, falta de insumos básicos, recursos presupuestales insuficientes y acumulación de expedientes pendientes de resolver. Los ciudadanos, quienes esperan resoluciones en materia familiar, civil, laboral y penal, resienten las afectaciones: suman más de 33 mil audiencias suspendidas, 252 mil “promociones” jurídicas congeladas y más de 844 mil personas afectadas. Al final de la semana anterior regresaron a sus labores aproximadamente 11 mil trabajadores tras alcanzar un acuerdo con las autoridades, pero iniciará su jornada vacacional de dos meses, por lo tanto, los rezagos seguirán incrementándose.
El pasado 29 de mayo estalló el paro laboral judicial en la Ciudad de México, al cual se sumaron, al paso de los días, al menos 38 sedes judiciales de la capital, incluyendo juzgados civiles, familiares, laborales y penales. Durante este periodo permanecieron cerradas diversas sedes, incluida la Ciudad Judicial y los juzgados dentro de los reclusorios Oriente, Sur, Norte y Santa Martha. Las y los trabajadores denunciaron que las carencias y problemas se han agudizado en los últimos años, en especial durante la actual gestión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, cuyo segundo periodo termina en diciembre. Inicialmente, se había previsto el retorno para el lunes 7 de julio, pero los trabajadores solicitaron los acuerdos quedaran asentados de forma oficial en la Gaceta del Poder Judicial local, lo cual provocó un retraso en la renovación.
Los últimos días del paro estuvieron marcados por momentos de tensión, especialmente en el Consejo de la Judicatura, donde se registraron empujones entre manifestantes. Con la publicación oficial de los acuerdos, las sedes judiciales regresaron a laborar. El convenio contempla el pago de un bono extraordinario en diciembre y la basificación del personal a través de convocatorias periódicas. También se garantizó no habría represalias administrativas ni económicas contra quienes participaron en la protesta. El acuerdo fue firmado por el oficial mayor Sergio Fontes, en representación del magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la CDMX, así como representantes de la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno capitalino. Los órganos jurisdiccionales y administrativos reanudaron operaciones, reactivando todos los procesos que estuvieron detenidos durante el paro.
En su momento, los trabajadores rechazaron las convocatorias a regresar, lanzada por el presidente del Tribunal, al considerar que no se había alcanzado ningún acuerdo real, pese a 20 mesas de negociación. Sus exigencias incluían un aumento salarial del 7%, seguridad laboral, reconocimiento de antigüedad, mejores condiciones de trabajo, basificación, un bono extraordinario antes de diciembre y participación en la planeación presupuestal del próximo año. Los trabajadores judiciales se quejaron de la carencia de movilidad laboral, cuya capacidad es sustituida por el nepotismo o el amiguismo. “Se desocupa por ejemplo una dirección y llega gente que no conoce el sistema, que ni siquiera es abogado, que por tener el apellido de un familiar lo designan y no le dan oportunidad a las personas que tienen experiencia y trayectoria”, se queja Tania Fierro Reséndiz, quien lleva una década como trabajadora de una Unidad de Gestión Judicial en el área penal. A pesar de que existen plazas vacantes, no se ocupan. “Hay personas que han renunciado, hay personas que en pandemia fallecieron y esas vacantes no las han cubierto, aunque hay un presupuesto para ello y se nos carga el trabajo”.
¿Y LA ÉTICA?
Sin duda alguna, los trabajadores del Poder Judicial tienen todo el derecho de pelear por mejores condiciones laborales, más aún cuando reportan, como en otras áreas sensibles para los ciudadanos, la falta de insumos para el cumplimiento de sus tareas. También son comprensibles sus quejas por las cargas de trabajo, los salarios, etcétera, sin embargo, se considera debe existir una plena conciencia sobre la importancia de su labor, sobre todo cuando hay temas muy delicados. Existen importantes, pero los hay familiares en donde quedan en el limbo pensiones, divorcios y sobre todo la entrega de la patria potestad para los padres, en cuyos casos los niños permanecen en albergues en donde, según revelan, el trato y las condiciones son las menos propicias para los infantes.
La situación está próxima a empeorar ante la extinción, aún en proceso, de 35 juzgados civiles y familiares. “La carga de trabajo es excesiva, nos falta personal y ahora con la extinción de juzgados se va a duplicar la carga laboral, y no hay lugar en donde poner tanto expediente”, denuncia Jorge Ledezma, trabajador con casi cuatro décadas de antigüedad en el Juzgado Noveno Civil. A esto, se suma la transición en el Poder Judicial capitalino ante la entrada en septiembre de cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 98 jueces y juezas y 34 magistradas y magistrados electos el pasado 1 de junio. Para Érika Ojeda, vocera de las y los trabajadores inconformes del Poder Judicial de la ciudad, los problemas son generalizados. “Incifo (Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses), laborales, reclusorios, civiles, todos estamos en condiciones laborales pésimas. No estamos parados por flojos, el trabajo lo hemos sacado con jornadas extenuantes, pero sí es necesario que el salario sea digno”. A su vez, Claudia Morales, coordinadora de Proyectos en la organización Impunidad Cero, especializada en la evaluación de fiscalías y el Poder Judicial, consideró que el Poder Judicial capitalino arrastra un problema estructural el cual no se soluciona con la elección de sus integrantes.
Deben utilizarse otras formas para los reclamos tanto en el Poder Judicial como en el educativo. Tampoco importa a los docentes dejar sin clases por meses a los menores, no reclaman la mala calidad de la enseñanza, la eliminación de pruebas para lograr aprobaciones, la capacitación, el contenido de los nuevos libros de texto, las malas condiciones de los inmuebles escolares, etcétera. En estos dos renglones hace falta la actuación con responsabilidad, con ética, sabedores de la gran importancia de su labor. Por fortuna, la comunidad médica, en el presente, no ha cerrado áreas de prestación de servicios debido a reclamos laborales personales, aunque si se presentan renuncias de directores a manera de queja máxima ante la falta de materiales, medicamentos, insumos, etcétera. Recordemos la valentía con la cual enfrentaron los galenos la pandemia, tiempo en el cual México acumuló, como ningún otro país, el mayor número de fallecidos entre doctores, enfermeras, camilleros y empleados de limpieza. Todos trabajaron salvando vidas sin el equipo de protección requerido y su responsabilidad y ética sobresalen ahora por encima de otras actividades importantísimas para los ciudadanos.
DE LOS PASILLOS
Lo esperado: Ovidio Guzmán se declaró culpable y no se le escuchó una sola melodía, ni un canto relacionado con su actividad y las relaciones llevadas a cabo durante toda esa etapa en la cual participó como jerarca del Cártel de Sinaloa. El recibimiento y la protección otorgada a toda su familia hablan del pacto con el cual la presidentA no está de acuerdo y le hace notar al gobierno estadounidense su afirmación de no acordar con los delincuentes, y se supone que menos aun cuando estos han sido clasificados como narcoterroristas… Todos han cantado, pero las bocinas no las instalaron en México, por supuesto. Por otra parte, la audiencia de procedimiento de Joaquín Guzmán López, programada para este 15 de julio, fue postergada para el próximo 15 de septiembre, anunció la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, Illinois.
El anuncio ocurrió unas horas después de que, ante la jueza Sharon Coleman Jonhson, Guzmán López se declare culpable de los delitos de narcotráfico y acepte un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia. Primero Ovidio y eventualmente Joaquín, al convertirse en testigos protegidos de Estados Unidos, deberán entregar toda la información con la cual cuentan; lo sobresaliente está en las operaciones del narco de sus hermanos, de las organizaciones antagónicas y lo relacionado con las narco nominas, los enlaces con funcionarios y gobernantes de todos los niveles incluyendo militares, policías y otros personajes. Aunque lo relevante son todos los contactos logrados tan exitosamente que permitieron la presencia del narco mexicano en 60 países ubicados en Europa, Asia y África. Son mayores estas relaciones a los tratados comerciales firmados y de los cuales presume actualmente el gobierno.
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