El combate a la corrupción es la bandera de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero la realidad es que muchos de los casos que se han denunciado, han quedado ahí y no se han visto acciones para erradicar esta práctica.
Uno de ellos, es el que se vive en Petróleos Mexicanos (Pemex) con Marcos Herrería Alamina, director corporativo de Administración y Servicios, quien no tiene cédula profesional y mucho menos conocimiento sobre el sector.
Y aún así, se encarga de la seguridad de las instalaciones y ductos de Pemex. Además, su esposa Violeta Georgina Abreu González es coordinadora de la estrategia institucional de la Secretaría de Bienestar con un sueldo de más 100 mil pesos al mes.
Pemex tiene una larga lista de contratistas a los que se les deben más de 180 mil 535 millones de pesos. Con Herrería, Pemex tiene un récord de 72% de adjudicaciones directas y un cúmulo de críticas por estas prácticas alejadas de la transparencia.
Otro tema que también involucra a Pemex es el relacionado con el huachicoleo, cuya práctica está generando millones de pesos en pérdidas. Al robo de combustible se suma la evasión fiscal, otra forma de huachicoleo, y con lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no está percibiendo unos 500 millones de pesos diarios.
Esta modalidad se ha fortalecido en la frontera norte del país. Su modus operandi es el siguiente: aprovechando la facilidad con la que se otorgaron permisos de importación de combustibles, las empresas ‘huachicoleras fiscales’ ingresan diésel y gasolina al país, pero lo hacen como aceites y lubricantes, con lo que no pagan ni el IEPS, ni aranceles.
Este esquema les permite ganar 8 pesos por cada litro de combustible y cobran IVA por algo que no pagaron y además de burlas a las autoridades fiscales, se aprovechan de los consumidores finales.
Las entidades afectadas por esta modalidad son Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde además de evadir impuestos, está afectando al mercado gasolinero de la zona.
Uno de los casos en los que el combate a la corrupción no se ha mostrado es el caso de la Aduana y por la que Ricardo Ahued Bardahuil fue removido de la dirección general sin ser investigado y hasta regresó a su lugar en el Senado.
Y aunque no tan mediáticos, es el caso de Rabindranath Salazar Solorio que encabezaba el Banco del Bienestar y que tras algunos señalamientos fue enviado a una subsecretaría de Gobernación: la de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.
El caso que puede ser insignia es el del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet Díaz, donde reportes periodísticos se refieren a la fortuna que posee y que es 16 veces mayor a la que reportó ante la la Secretaría de la Función Pública (SFP).
la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Asimismo, se publicó que el funcionario, con una trayectoria de más de 50 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contaba con ingresos anuales por 51 millones de pesos, aunque sus percepciones son menores. Tras el escándalo vino una “investigación” de la propia SFP que no prosperó.
