* Debemos preguntarnos, entonces, si esta gestión sustentable contempla cómo será el usufructo de la fauna que vive en los caudales y humedales concesionados. Los ríos Balsas, Papaloapan, Grijalva, por mencionar algunos, ¿serán considerados caudales susceptibles de concesionarse? ¿Quién aprovechará la enorme riqueza de flora y fauna? ¿Quedará claro?
Gregorio Ortega Molina
¿Es el regreso de la Ley Korenfeld, o un proyecto distinto? ¿Qué tan profunda será la reforma del artículo 27 constitucional? ¿Queda claro que no privatizarán los caudales?
El proyecto de los diputados federales de sustituir la Ley de Aguas Nacionales por la Ley General de Aguas, suscita más interrogantes que respuestas y a casi nadie dejará satisfecho, porque incluso se afectará el modo de vida de los mexicanos, porque es previsible que se intervenga en la manera en que algunos pueblos rivereños obtienen sus alimentos.
El proyecto de reforma al uso y consumo de agua, en proceso de elaboración en la Cámara de Diputados, prevé concesionar caudales nacionales y trasvases, además de permitir a la iniciativa privada realizar descargas de líquidos residuales. ¿Alguien recuerda lo ocurrido en el río Sonora y la respuesta de Grupo México?
Por la información difundida nos enteramos que el proyecto de Ley establece que para el logro de obtener concesiones o asignación de permisos, en la solicitud deberán incluir estudios en materia de impacto ambiental. Por tanto, la explotación y aprovechamiento de humedales y aguas nacionales requerirá de concesión para garantizar su gestión sustentable (¿¿??).
Debemos preguntarnos, entonces, si esta gestión sustentable contempla cómo será el usufructo de la fauna que vive en los caudales y humedales concesionados. Los ríos Balsas, Papaloapan, Grijalva, por mencionar algunos, ¿serán considerados caudales susceptibles de concesionarse? ¿Quién aprovechará la enorme riqueza de flora y fauna? ¿Quedará claro?
En cuanto a los caudales que son fuente de vida en los distritos de riego, como ocurre con el Mayo y el Yaqui, ¿son susceptibles de ser administrados por la iniciativa privada? ¿Debe declarase muertos agrícolamente a los seris, yaquis, mayos? ¿Y el acueducto de la Presa del Novillo a Hermosillo? ¿Y el que debiera alimentar las necesidades hídricas de la ciudad de Monterrey? ¿Cómo va a establecerse el diferencial de precio entre el consumo industrial, agrícola y hogareño?
Todo indica que es la permanencia del populismo más descarado, pues anticipan que a las personas que viven en condiciones de pobreza, los tres órdenes de gobierno tendrían obligación de asignar recursos públicos y subsidios a través de programas de política social para atender a grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas. El resto deberá pagar por el uso del líquido.
¿Por qué no entregar esa responsabilidad a los concesionarios, que serán los que se llenen las faltriqueras con la sed de los mexicanos, con las exigencias de higiene? ¿Cómo se establecerán las cuotas a hospitales y escuelas? ¿Y las piscinas de casa particular?
Habrá mexicanos desclasificados, que no cabrán en la pobreza alimentaria, pero faltos de higiene personal y medio muertos de sed, ¿en qué se convertirán?
Presidencia de la República, comunicación social: Leo por ahí que Eduardo Sánchez no pudo con el paquete de la comunicación entre el Poder Ejecutivo y los gobernados. Se mencionan nombres para sucederlo, pero no se detienen a pensar que lo que debe y urge modificarse es la política de información política desde Los Pinos.
Hay diferencia, no comunican, informan, porque desean imponer criterios y opiniones, desean hacer oficial su verdad, aunque esta no cuadre con la realidad.
Es una política de desinformación, de opacidad, de tergiversación de estadísticas y hechos. Las redes sociales bajo la supervisión y con contenidos aprobados por Alejandra Lagunes, distan mucho de crear comunidad y generar empatía con la institución presidencial.
Corren diversas versiones sobre los “negocios millonarios” de la comunicación social, todos incomprobables. ¡Vaya usted a saber, lector!
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